Cada año son más los burgaleses que se jubilan. En 2018 se registraron 3.659 altas en la Tesorería General de la Seguridad Social, 287 más (8,5%) que hace un lustro, en 2013. El 48,6% del total (1.778 en términos absolutos) fueron jubilaciones anticipadas, es decir, trabajadores que se despidieron del mercado laboral antes de la edad legal estipulada, que en España actualmente es 65 años y ocho meses para cobrar el 100% de la pensión pública (o 65 años con 36 años y 9 meses, o más, cotizados) y llegará hasta los 67 años en 2027.
Por altas en el sistema se entiende el número de pensiones solicitadas, lo cual no corresponde exactamente con el número total de nuevos jubilados, aunque casi, matiza Luciano Galindo, director provincial de la Seguridad Social en Burgos, que explica que «puede haber alguien que solicite dos pensiones si ha cotizado en el Régimen General y como autónomo». Además, del total de solicitudes, «no todas se conceden», aunque sí la mayoría. «Un 3-4%, como mucho, se deniegan y un 1-2% de los expedientes se cancelan a petición del interesado», cuenta Galindo.
El motivo principal del incremento del número de jubilados no es otro que el envejecimiento de la población. De los 356.778 habitantes de la provincia de Burgos, según los datos provisionales del Padrón Continuo a 1 de enero de 2019 publicados en abril por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 84.732 son personas mayores de 65 años, es decir, casi uno de cada cuatro burgaleses.
El citado envejecimiento de la población y la alta esperanza de vida (por encima de los 83 años en nuestro país) no solo supone el pago de más cantidad de pensiones, también el abono de prestaciones durante más tiempo a cada jubilado; consumiendo el fondo de reserva de la Seguridad Social. Luciano Galindo, sin embargo, asegura que «las pensiones no se van a dejar de cobrar nunca», aunque reconoce que si no hay mucho empleo o este no es de calidad, «habrá problemas y las pensiones serán más bajas».
En los últimos años se han establecido cambios normativos destinados a endurecer las condiciones de acceso a la jubilación anticipada por su mayor coste para el sistema, pero estas no han dejado de subir en el último lustro, salvo en 2017, cuando se contabilizaron 33 menos que en el ejercicio anterior.
De las 1.778 jubilaciones anticipadas en 2018, la mayoría (1.028) son con coeficiente reductor, es decir, a los pensionistas se les aplica una penalización por abandonar el mercado laboral antes de la edad legal. Dentro de este grupo las hay voluntarias (467), entre los que se encuentran muchos empleados públicos que a los 63 años, y con al menos 35 cotizados, dan un paso a un lado. Las 561 restantes son no voluntarias, y en este caso entrarían, por ejemplo, los trabajadores que han perdido su empleo por un despido (y ya no han vuelto a encontrar un empleo estable) o por un ERE, explica el director provincial de la Seguridad Social en Burgos.
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