Si el pasado lunes, el alcalde, Daniel de la Rosa, no se guardaba ningún elogio sobre la labor que desarrolla la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y hacía de sus éxitos los del Ayuntamiento, este jueves era la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, empresa pública dependiente del Consistorio, la que decidía acudir a los tribunales para recurrir un laudo que no acepta ya que le obliga a devolver a un contribuyente el importe de varias facturas por un consumo desorbitado que la Junta Arbitral de Consumo achaca a un error de Aguas y no a que el ciudadano haya derrochado.

Nadie discute que entre el 13 de mayo y el 1 de julio se produjeran unos consumos totalmente distintos (mucho más elevados) a los que se registraban con anterioridad y posterioridad a esas fechas. Lo que provocó que hubiera una factura de 114 euros y otra de 199 cuando otros recibos emitidos no llegaban a los 45.

El 13 de junio un inspector de Aguas visitaba el domicilio pero no pudo contactar con ninguna persona. Apreció que el contador estaba funcionando sin que hubiera nadie y dedujo que posiblemente podía haberse producido una fuga. Transcurrió el tiempo hasta que el 4 y el 8 de julio regresó el mismo inspector y comprobó que el contador «funcionaba perfectamente». Y eso ha llevado a la sociedad municipal a concluir que el vecino en cuestión se había dejado «un grifo o una cisterna goteando» y luego lo corrigió el propio inquilino.

Pero resulta que en la OMIC parecen creer más al contribuyente y votaron por unanimidad a favor de la reclamación. Recordaron que «en materia de consumo se invierte la carga de la prueba y corresponde al servicio acreditar que la medición es correcta». Algo que, a su juicio (quizá por la ausencia de un informe pericial), no se ha hecho.

La situación es que Aguas cree que esta decisión puede «sentar un precedente muy peligroso» y pese a que lo que se discuten son unos 200 euros ha decidido ir a los tribunales con el apoyo del PSOE, PP, Cs y Vox. Podemos, por el contrario, defiende que «no tiene sentido que el alcalde vaya a hacerse fotos a la OMIC y alabar su trabajo si cuando de forma unánime dictamina en favor del consumidor, el Ayuntamiento lo recurre».