Jarro de agua fría para los trabajadores municipales tras el despido hace dos semanas de una letrada del Servicio de Urbanismo que llevaba trabajando cerca de 18 años en el Ayuntamiento de Aranda de Duero. Fuentes sindicales se oponen a esta decisión tomada por la alcaldesa, por ser «la más drástica», y califican como un «caos» la política de personal del Consistorio. 

«No comprendemos la manera de actuar. No nos parece justo ni tampoco razonable», asegura Jesús Moneo, delegado de Comisiones Obreras en la Junta de Personal Funcionario. A su juicio, una trabajadora con tanta experiencia acumulada «sigue siendo necesaria».

En esta línea también se pronuncian otras fuentes: «El despido no tiene ni pies ni cabeza. Ni siquiera le han dado la opción de consolidar su plaza. Raquel González, que tiene asumidas las competencias de personal, tenía dos opciones y optó por echarla». 

De ahí que cundan la incertidumbre y el malestar entre los trabajadores municipales. «Se crea mucho miedo y angustia», admite Moneo, quien se muestra preocupado por la «filosofía que aplica el Ayuntamiento desde hace muchos años». El delegado asegura que la política laboral «no es participativa, ni con sindicatos ni con la oposición. Es todo una imposición».

Ahora mismo, la gran incógnita reside en saber qué pasará con el resto de empleados que se encuentran en una situación similar. En total, hay 142 trabajadores laborales indefinidos, de los cuales 101 son indefinidos fijos y los 41 restantes, temporales. Una cifra que equivale en torno al 40% de la plantilla. «¿Harán lo mismo con el resto? Seguramente habrá más despidos», vaticinan algunas fuentes.

Moneo recalca que los trabajadores municipales están a favor de regularizar la situación y poder conseguir una plaza en propiedad. «Pero se trata de estabilizar. De mirar cada situación y llegar a acuerdos. Estabilizar no significa regalar la plaza, sino que se valoren los años trabajados a la par que se participa en el examen correspondiente», explica, asegurando que otras administraciones ya han apostado por esta fórmula. 

En este sentido, recalca que se han de «respetar unos mínimos ya que hay trabajadores que acumulan 30 años como interinos» y, ahora, con hijos o personas mayores a su cargo, no tienen tanto tiempo para preparar una oposición. Desde CCOO también destacan que esta situación podría haberse regularizado desde hace mucho tiempo «pero parecía que al Ayuntamiento no le convenía, ya que mientras muchos trabajadores son interinos, resulta más fácil manipularlos». 

Finalmente, distintas fuentes advierten que de continuar con esta política laboral, se creará un doble problema: en primer lugar, para las arcas municipales por la cantidad de indemnizaciones que habría que asumir; y, en segundo, otro de inestabilidad laboral.

Por su parte, Raquel González no quiso pronunciarse al respecto alegando que se trata de un asunto judicializado. Se limitó a indicar que se ha abierto una oferta de empleo público, que contempla 89 plazas para 2020. Puestos que se dividen en dos grupos: 58 en la categoría  de estabilización, mientras que los 31 restantes se enmarcan  en la convocatoria ordinaria. 

Podemos ya pidió a la alcaldesa en  un comunicado que «recapacite y derogue el decreto de despido y trabaje en un sentido diferente».