El Procurador del Común de Castilla y León ha incluido al Ayuntamiento de Aranda de Duero en su Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras por no facilitarle una información que le solicitó en diversas ocasiones. Información que tiene que ver con la queja que registró un usuario del CEAS de la capital ribereña en relación a los trámites para solicitar una ayuda de emergencia social.

Según la reclamación, «no se facilitó» a esta persona  «la posibilidad de presentar una solicitud de prestación económica para la atención de necesidades básicas en situación de emergencia social», como se recoge en un informe firmado por el defensor del pueblo, Tomás Quintana. No obstante, desde el Ayuntamiento, en una respuesta al Procurador, se asegura que quien pone la reclamación «se negó a ser citada en las numerosas ocasiones que la trabajadora social le hizo el ofrecimiento, exigiendo tener un trato diferente». Finalmente se decidió enviarle la solicitud, «un procedimiento que solo se le aplicó a ella», según el Ayuntamiento. 

En cualquier caso, elProcurador volvió a solicitar al Consistorio que le ampliara algunos aspectos. Lo hizo hasta en tres ocasiones: 4 de enero, 5 de febrero y 4 de marzo. Sin éxito. De ahí su inclusión en lo que podría denominarse como la ‘lista negra’ delProcurador, la de las entidades no colaboradoras.  

Por su parte, la concejala de Acción Social, Familia e Igualdad, Cristina Valderas, asegura que ya se dio respuesta a la persona en su queja, pero no se trasladó al Procurador. «Le contestaremos y cerraremos expediente», agrega, subrayando la intensa carga de trabajo que afrontaron en la Concejalía al gestionar en 2020 casi 500.000 euros en ayudas de emergencia social, frente a los 36.000 de 2019.