En la provincia de Burgos hay 2.564 beneficiarios de una pensión no contributiva, bien por jubilación (1.260) o bien por invalidez (1.304) que cobran un promedio mensual en torno a los 414 euros. Son, en el primer caso, personas mayores de 65 años -la mayor parte de ellas mujeres- que carecen de rentas y de una pensión contributiva y, en el segundo, ciudadanos de entre 18 y 64 años en situación de invalidez y en estado de necesidad a los que se asegura una prestación económica (435 euros de media), asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no hayan cotizado o lo haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva.

La factura mensual de estas pensiones asciende a 1.063.940 euros en Burgos, en datos de finales de 2020, cantidad que abona la Seguridad Social a los beneficiarios aunque son las comunidades autónomas, en el caso de Castilla y León la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, las que gestionan, aprueban o deniegan este tipo de pensiones.

Pero no todos los que solicitan una pensión no contributiva acceden a la misma. Durante el pasado año, la Junta de Castilla y León, aplicando los criterios establecidos a nivel nacional, denegó esta prestación a un total de 93 burgaleses, en el 57 de los casos por causas económicas.

Concretamente, 20 de los solicitantes superaban el límite de recursos personales y 37 en la unidad de convivencia en la que residen.

De hecho, el problema que generan los requisitos económicos de los solicitantes es lo que pretende resolver la reforma en la que están inmersas este tipo de pensiones en el seno del Pacto de Toledo. El objetivo del Gobierno, además de integrarlas en el sistema del Ingreso Mínimo Vital y que se paguen con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, es otorgarlas en función de la situación de los hogares donde reside el perceptor y no de su situación individual.

El límite económico para poder solicitar este tipo de prestaciones son unos ingresos anuales por debajo de los 5.108 euros, cifra que se va elevando dependiendo del número de integrantes en el hogar del solicitante. Una vez obtenida, no hay límite de edad para cobrarla y termina con el fallecimiento del beneficiario.

Otra causa de denegación que afectó a 22 solicitantes de la pensión no contributiva de invalidez en Burgos fue el no poder acreditar un grado de discapacidad o de enfermedad crónica suficiente. Para ser beneficiario se ha establecido un grado de discapacidad de al menos un 65%.

Hubo otros 12 solicitantes en 2020 a los que se denegó por no tener la residencia en España (necesitan acreditar al menos 10 años) y a 2 por su edad. El pasado año se resolvieron 11 de las reclamaciones presentadas por los solicitantes, en 4 casos se estimaron y en 7 se denegaron.

Castilla y León

En la comparativa regional de los datos del Imserso, llama la atención que Burgos es la provincia con más denegaciones de Castilla y León, el 22,4% de las 505 tramitadas por la Junta de Castilla y León y lidera los casos por residencia legal, recursos económicos y grados de discapacidad.

Las denegaciones no se corresponde con el número de pensiones, pues la provincia se ve superada holgadamente por Valladolid (2.463), León (2.304) y Salamanca (2.265). El conjunto de la región suma 12.161 pensiones no contributivas, 446.021 a nivel nacional (260.169 de jubilación y 185.852 de invalidez).