El Ayuntamiento deberá devolver el aval de la feria de 2017

I.M.L.
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El juez de lo Contencioso Administrativo falla a favor de la empresa Toros Ricor por considerar que el procedimiento incompleto

El Ayuntamiento deberá devolver el aval de la feria de 2017

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Burgos ha corregido de manera contundente un nuevo procedimiento del Ayuntamiento de Aranda, dando la razón a Toros Ricor en la denuncia presentada contra la decisión del Consistorio arandino de ejecutar la garantía correspondiente a la feria taurina de 2017. Con esta sentencia, se reconocer el derecho a la empresa de que se le devuelva la cantidad de 13.980 euros con los intereses legales que se hayan generado desde la fecha de la ejecución del aval, que fue en julio de 2018, cargando a las arcas municipales también el pago de las costas de este proceso.
La sentencia se fundamenta en un defecto de forma en el procedimiento llevado a cabo por la Administración municipal, al que le recuerda que solo hizo «averiguaciones unilaterales con el fin de comprobar que se había cometido un incumplimiento». Un proceso en el que, como recoge el texto judicial, se basó en la petición de informes a distintos técnicos municipales para, en función de su resultado, pedir la ejecución del aval a la entidad bancaria donde se había depositado la garantía para la celebración de la feria.
El tribunal califica de «claramente incorrecta» esta forma de actuar por parte del Ayuntamiento arandino porque «supone el incumplimiento de los dos elementos básicos que tienen todos los procedimientos de ejecución de garantías: la comprobación del incumplimiento y la determinación del perjuicio que se pretende garantizar». La sentencia especifica que el proceso para determinar si hubo o no incumplimiento «no puede quedar al arbitrio de una sola de las partes, incluso en el ámbito de la contratación pública», recordando que en este tipo de procesos administrativos se debe «escuchar a la otra parte antes de decidir que se ha producido un incumplimiento».
En los fundamentos de derecho de la sentencia se reconoce que «la comprobación del incumplimiento no puede quedar al mero arbitrio de una sola de las partes, incluso en el ámbito de la contratación pública donde la administración pública tiene el privilegio de interpretar el contrato, eso no significa que el Ayuntamiento no tenga que oír a la contraparte antes de decidir que se ha producido un incumplimiento», para refrendar de manera tajante su resolución.


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