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Bomberos on fire

Á.M. / Burgos
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La 'huelga' de los voluntarios de Roa durante el incendio de una casa rural en Mambrilla de Castrejón ha atizado la polémica que desde hace años rodea al servicio provincial de extinción de incendios

La situación de los servicios de extinción de incendios en la provincia es inflamable. Cualquier chispa puede calcinar el frágil equilibrio del pulso que mantienen la Diputación y los bomberos profesionales a cuenta de, fundamentalmente, la diseminación de parques de voluntarios (hasta 19) por la provincia de Burgos. Esos efectivos están asumiendo en no pocas ocasiones el trabajo de los profesionales, y en la mayoría de los casos la distancia entre lo uno y lo otro es abismal, pero es lo que hay.
El penúltimo capítulo de la polémica comenzó a escribirse cuando el pasado sábado 5 de marzo se desencadenó un voraz incendio en una casa rural de Mambrilla de Castrejón. Los voluntarios del parque de Roa no acudieron a atacar las llamas y el asunto quedó en manos de los profesionales de Aranda, a pesar de que ese término municipal no está en la zona que deben cubrir por convenio. El edificio quedó calcinado.
Después se supo que los efectivos de Roa estaban en ‘huelga’, un término difícil de conjugar con su condición de voluntarios, debido a las discrepancias con la alcaldesa por el reparto de los 11.136,95 euros que les correspondía cobrar (a repartir entre todos y por todo el año de ‘servicio’) por las salidas del año anterior. No es la primera vez que sucede algo parecido. Según explican desde la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León, en Espinosa de los Monteros «no se consiguió localizar a los voluntarios» durante un siniestro ocurrido hace tres años, y en Castrojeriz «no acudieron al incendio de una vivienda en su propio pueblo por una huelga» hace otro par de años. A juicio de Juan Portal de Román, bombero profesional y portavoz en Burgos de la Plataforma, «son situaciones intolerables» que, afortunadamente, hasta la fecha únicamente se han cobrado daños materiales. En el caso de Castrojeriz, la versión de los aludidos es diferente (ver información sobre estas líneas), aunque las consecuencias fueran las mismas.
Estos hechos han resucitado la polémica sobre la labor de los voluntarios, y las declaraciones del presidente de la Diputación Provincial, César Rico, sobre las críticas han caído como gasolina en el fuego de los profesionales. Dijo Rico que los voluntarios tienen «una gran formación y posiblemente la única diferencia entre unos y otros (en referencia a los profesionales) es que unos han aprobado una oposición y los otros no». Esas palabras no ayudarán a templar los ánimos.
«Los voluntarios reciben una formación básica. Conforme a la Ley de Protección Ciudadana, están para asistir a los profesionales en las emergencias. La duración de sus cursos suele ser de 8 horas y no existe un programa de prácticas (esto también ocurre en algunos parques profesionales) que les permita entrenar. Los  profesionales reciben formaciones mas amplias y en los parques profesionales de la provincia de Burgos existen programas de prácticas diarios si el servicio lo permite», rebate Portal.
 
Cumplir la ley.
El portavoz del colectivo de profesionales añade a su discurso algo trascendente, y es que esto no se trata de una lucha contra los voluntarios, sino contra un sistema que está incumpliendo lo que dice la Ley, que es taxativa al señalar que en municipios de menos de 20.000 habitantes son las diputaciones las que han de garantizar el servicio y los voluntarios no tienen más misión que la de servir de apoyo a los profesionales. «Yo no estoy en contra de los voluntarios. Ellos tienen su función dentro de la organización de la Protección Civil, que es la de dar apoyo a los bomberos profesionales. Es más, los voluntarios van a seguir siendo imprescindibles en Castilla y León ya que la densidad de población es muy baja».
Hay, por tanto, un punto de acuerdo. Porque Rico dijo más. Coincidió en que los voluntarios seguirán siendo necesarios y abrió la mano a, en años venideros, buscar la fórmula para cumplir la Ley. Esa ecuación pasaría por dos decisiones. Una sería racionalizar el número de parques existentes en la actualidad. La otra, que haya presencia de profesionales que coordinen las actuaciones y que puedan atender a todo tipo de emergencias, algo que ya sucede por ejemplo en Briviesca, donde cuentan con dos bomberos ‘de carrera’ que dirigen a 12 voluntarios y son muy necesarios para, por ejemplo, atender excarcelaciones en los accidentes de la N-I y la AP-I.
«Todos podemos vernos en situación de necesitar un servicio de emergencia y queremos que se actúe rápido y eficientemente», continúa Portal, que ejemplifica que en ciertos lugares de la provincia el tiempo de respuesta a un accidente de tráfico con personas atrapadas puede llegar a los «40 ó 45 minutos, como pasa en Basconcillos del Tozo, donde hay una media de ocho accidentes anuales». No cuesta ponerse en la piel de ese accidentado para el que vivir o morir, o sufrir secuelas irreparables, depende de una excarcelación rápida y profesional.
 
En estudio.
Los convenios de la Institución Provincial con los tres parques profesionales (Burgos, Miranda y Aranda) se han incrementado recientemente, pero aún así siguen estando lejos de otras provincias que, si bien tienen condiciones y características distintas, son ejemplares en el esfuerzo económico para desplegar una red profesional. Es el caso de la Diputación de Valladolid, que destina cinco millones al año a pagar únicamente a profesionales a pesar de que tiene un presupuesto inferior a la de Burgos (105 millones frente a 110), que reservará en 2016 algo menos de 1,5 millones a convenios con profesionales y voluntarios.
Hay otros ejemplos fuera de la comunidad, como los de Badajoz (15 parques profesionales), Castellón (9 parques profesionales), Ciudad Real (9 parques profesionales) o Córdoba (10 parques profesionales), si bien ‘en casa’ los hay que están muy lejos de lo que sí hace Burgos, caso de León, cuya Diputación apenas destina 75.000 euros anuales de los 135 millones que mueve para bomberos profesionales. 
En Salamanca, por ejemplo, existe la figura del ‘bombero privado’. A pagar a estas empresas dedican 1,3 millones de un presupuesto de 96. Por cierto que esta posibilidad, la de trabajar con empresas, no está descartada en la Diputación de Burgos, «aunque todo se debe consensuar y decidir para comenzar a presupuestar en 2017», acepta el portavoz ‘popular’ en la Institución, Borja Suárez.
Son algunas de las piezas que conforman un complejo puzle en el que todas las partes parecen tener algo de razón. La Ley es clara y no da cobertura a los parques formados únicamente por voluntarios, que son personas que no están sujetas a obligaciones contractuales, a una formación continua y que no tienen condición de autoridad pública. Los profesionales se preguntan si los ciudadanos aceptaríamos que existieran «guardias civiles o médicos voluntarios». 
La Diputación, por su parte, se encuentra con una provincia muy compleja, grande y despoblada en la que desplegar una red de parques profesionales tendría un coste muy relevante, sobre todo mientras la Junta siga haciéndose el sueco con la cuestión. Y los voluntarios se ciñen a las 899 intervenciones que atendieron en 2015, «de las que únicamente una o dos acaban trascendiendo a la opinión pública», defendió Rico.
Y en medio, como tantas veces, están los ciudadanos, para quienes probablemente la preocupación principal sea que cuando arda su casa o se vean atrapados en un accidente de tráfico, alguien  les ayude de la forma más rápida y eficaz posible.