Tras más de 12 años de instrucción, registros en naves prácticamente abandonadas y un sinfín de pruebas periciales para concluir cuantas ramificaciones confluían entre sí, la primera trama de las licoreras llegará a principios de 2022 a la Audiencia Provincial. El Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado sentarán en el banquillo a siete personas acusadas de fraude fiscal al evadir más de 600.000 euros de impuestos. Los procesados se enfrentan a penas de entre uno y ocho años de prisión y a multas que alcanzan los dos millones de euros.

Lo que se juzgará será la actividad ilícita de una de estas tramas, la conocida como Alkyon Import S.L., si bien el resto se entrelazan entre sí y los implicados son prácticamente los mismos. El punto de unión es Tracasa Gestión, un depósito fiscal desde el que todas estas empresas actuaron durante varios años hasta que en 2009 comenzaron las investigaciones. Según el relato de las acusaciones, los procesados lo utilizaban para introducir mercancías de alcohol en régimen suspensivo, lo que implicaba un menor pago de impuestos.

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