El Ayuntamiento de la capital ribereña cuenta con 14 viviendas sociales destinadas a responder a necesidades habitacionales, pero sólo tres están ocupadas, una reservada para necesidades especiales y las otras dos con sendos inquilinos. El resto, a pesar de que hay un destacado interés por ellas y los trabajadores de los CEAS cuentan con candidatos de sobra para poder ocuparlas, siguen vacías a la espera de que se culmine el trabajo administrativo de creación de una ordenanza municipal con su reglamento fiscal asociado para marcar las normas, los plazos y los precios.

La concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Aranda de Duero, Cristina Valderas, lleva pendiente de este particular desde que se hizo cargo de este área municipal. «Cuando llegué, antes de la pandemia, los fuimos a visitar todos y sacamos 40.000 euros para todas las mejoras que hiciesen falta, necesario antes de sacar la ordenanza», apunta la edil, que calcula que para otoño podrán empezar a trabajar para adjudicar estos pisos de alquiler social.

En concreto, de propiedad municipal para este uso hay tres pisos en la calle Santa Ana, seis en la carretera de la Estación, en el conocido como edificio de los Camineros, uno en la calle Las Francesas y dos más en los bajos de un inmueble de la calle Santiago, por lo que están repartidos por distintas zonas de la ciudad y sus características son muy diversas. «Los de carretera de la Estación están muy bien, con 55 metros cuadrados, en Santa Ana tienen 80 metros cuadrados o Francesas con 110 metros cuadrados y una vivienda totalmente adaptada», comenta Valderas. Menos las de la carretera de la Estación que tienen dos habitaciones, el resto de estos pisos cuenta con tres, por lo que tienen múltiples posibilidades.

Lo que sí especifica el reglamento municipal del alquiler social es que dos de las viviendas sean «para emergencia social, como casos de un derrumbe, incendio, escape de gas, que tendrán una ocupación máxima de seis meses con un precio tasado fijo, y el resto serán viviendas sociales con una duración máxima de cesión de dos años prorrogable otros dos», como aclara la concejala.

Falta por tener clara la tabla de precios de alquiler que se va a cobrar a los inquilinos, que se calculará en función de las necesidades de cada una de las solicitudes y de los ingresos de la unidad familiar, aunque se marcarán unos precios máximos que podrían oscilar entre los 80 y los 200 euros, dependiendo de los metros cuadrados y de la situación de los beneficiarios.

Valderas insiste en que estos recursos son « algo de tránsito para que las personas puedan volver a una normalidad, acceder a un alquiler reglado, no se trata de tener una vivienda en pleno uso y derecho», por lo que los controles que se llevan a cabo desde los CEAS buscan eso, a través de otros programas que tienen en marcha en este departamento municipal. 

A pesar de la buena disposición para desencallar este asunto, la concejala arandina de Acción Social lamenta por su experiencia que la oferta de pisos de alquiler social «se quedará corta, es la valoración que hago por las llamadas que recibimos, la gente interesada y los expedientes que tenemos ahora mismo en la concejalía».