La Asociación de la Prensa de Burgos y el Colegio de Periodistas de Castilla y León mostraron a través de una nota de prensa su apoyo a la labor de los informadores gráficos, reivindicando «el derecho a la información frente a la hora de interpretar la Ley de Seguridad Ciudadana, como de hecho se recoge en alguno de los artículos del texto vigente».
El apoyo de las organizaciones de periodistas se producen después de que «la Guardia Civil echara mano de esta discutida ley, conocida como Ley Mordaza, cuya derogación ha propuesto la mayoría de los grupos parlamentarios, para denunciar a un fotógrafo de Diario de Burgos por no borrar las imágenes de un accidente laboral ocurrido el pasado 1 de marzo, donde falleció un obrero de 24 años, lo que se publicó al día siguiente en el diario.
La Asociación de la Prensa de Burgos quiere mostrar también su solidaridad con el fotógrafo burgalés denunciado por la Guardia Civil», puntualizan en la nota.
Como consecuencia de la denuncia, la Subdelegación del Gobierno en Burgos ha incoado un expediente sancionador al reportero por infracción grave, en base al artículo 36.6 de la ley, que hace referencia a desobediencia o resistencia a la autoridad y negativa a identificarse, lo que niega el
fotógrafo, cuyo trabajo era meramente informativo, donde no aparecían ni el cadáver ni primeros planos de trabajadores, investigadores o familiares.
Defensa de un derecho.
«Los profesionales lamentamos que el texto de la ley dé lugar a interpretaciones que influyen en el trabajo de los periodistas, dependiendo en muchos casos de criterios personales, cuando el espíritu de su texto, avalado por la jurisprudencia, es la preservación del derecho a la información. De hecho, en su artículo 23, cuando habla del ‘uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad…’ hay una mención expresa donde se dice textualmente ‘con respeto al derecho fundamental a la información’».
Las organizaciones profesionales de periodistas, que anteponen el derecho a la información a la interpretación de una ley cuando va en detrimento de la labor de los reporteros, solicitan «que la Subdelegación del Gobierno de Burgos archive el expediente instruido contra el fotógrafo y que vele por el cumplimiento de los derechos constitucionales, así como el correcto cumplimiento de la ley».