El Órgano de Gestión Tributaria de la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento acumula ya 720 expedientes de reclamación tras la sentencia del Tribunal Constitucional, de junio de 2017, que dictaminó que no se podía cobrar el Impuesto de Plusvalías a quienes habían vendido una propiedad por un valor inferior al precio por el que la compraron en su día. Pese a que el Consistorio ha acatado el fallo, la realidad es que existen 2,5 millones de euros que ha recaudado ya de 420 contribuyentes que, por su parte, defienden que no tendrían que haber abonado el tributo. Los 300 restantes no han pagado por diferentes motivos.
Ante esta situación, lo que está haciendo el Consistorio es estudiar cada situación para comprobar si procede la devolución del importe. Y para ello, acaba de incorporar a 3 aparejadores (gracias al Plan de Empleo de la Junta) que durante 6 meses analizarán caso por caso. Es decir, realizarán un trabajo similar al de una tasación para comprobar si es cierto que el valor del inmueble ha perdido valor.
Hasta el momento, el Ayuntamiento ha tenido ya que devolver 51.206 euros a contribuyentes que habían pagado el Impuesto de Plusvalías pese a que habían perdido dinero con la venta de la propiedad. De ese importe, 6.258 euros los ha tenido que abonar en concepto de intereses.
El abono de estas cantidades se está produciendo como consecuencia de varias sentencias de los juzgados de lo Contencioso, que han dado la razón al administrado y que han obligado al Ayuntamiento a devolver lo cobrado. En este momento, además, el Consistorio sabe, por otros fallos judiciales, que tiene que ingresar también otros 36.504 euros (aquí no están calculados aún los intereses) que no debía de haberse embolsado.
Esto quiere decir que, hasta la fecha, se ha obligado ya al Ayuntamiento a devolver casi 87.000 euros. Pero es que, además, hay otros 2,5 millones que están en juego.
preocupación. El nuevo encargado de Hacienda, David Jurado, afirma que no discute e incluso puede compartir el criterio del Tribunal Constitucional, pero al mismo tiempo no oculta su preocupación por la merma de ingresos que este criterio podría provocar en las arcas municipales. Y remarca la eterna petición realizada desde los ayuntamientos para que se mejore la financiación de las entidades locales. Y esta situación lejos de mejorar la salud financiera de los municipios, parece que lo dificulta.
Hasta el día de hoy, la política que sigue el Ayuntamiento, y que no ha variado respecto a la del anterior equipo de Gobierno de Javier Lacalle, es la de admitir todas las reclamaciones por decremento del valor que se han producido tras la sentencia del Tribunal Constitucional. Y el resto, mientras no haya algún tipo de sentencia que incremente la consecuente retroactividad, se rechazan.
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