Amenaza con una escopeta cargada a un agente medioambiental

I.E.
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Un cazador acompañado de un menor intimidó al funcionario en el término de Cardeñajimeno

Amenaza con una escopeta cargada a un agente medioambiental - Foto: mir_ical

Los agentes medioambientales tienen sobrados motivos para exigir a la Junta de Castilla y León que modifique el protocolo de actuación ante una agresión y que les permita el uso de armas cortas. De nuevo Burgos ha sido el escenario de un nuevo atentado contra un funcionario de Medio Ambiente. Lo cierto es que los hechos ocurrieron antes del tiroteo contra el domicilio de un empleado público en Valmala, pero se ha denunciado ahora. Un cazador amenazó a un agente con una escopeta cargada en el término municipal de Cardeñajimeno.
El suceso tuvo lugar el sábado 17 de agosto, cuando el agente llevaba a cabo funciones de vigilancia, policía y control de la actividad cinegética, explican desde la Asociación de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl). Era una jornada hábil para la media veda y el funcionario detectó a un cazador en una rastrojera de cereal acompañado de un menor de corta edad.
Cuando vio al agente adoptó un comportamiento sospechoso y trató de evitar a toda costa la inspección. Una vez interceptado, escopeta en mano, el cazador se puso agresivo y amenazó gravemente al empleado público: «¿Te crees que me vas a joder la vida?», le espetó, mientras blandía un arma cargada, una escopeta semiautomática del calibre 12.
Apamcyl condena estos hechos que «agravan la terrible estadística de agresiones, amenazas y atentados que sufren los funcionarios». Tanto esta agresión, como la que tuvo lugar en Valmala, constituyen delitos de atentado contra agente de la autoridad, penado hasta con 4 años de cárcel al darse el agravante de uso de arma de fuego.
La asociación reitera la exigencia a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para que devuelva a los agentes las armas y medios de defensa que les han ido retirando de forma paulatina en los últimos años. Además, piden a la Junta que retire el protocolo de seguridad, un procedimiento que se ha revelado «ineficaz», pues «han subido las agresiones. Teme que puedan acabar produciéndose daños personales.