El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) y el Colegio regional de Abogados (CRACyL) pedirán al Gobierno la creación de oficinas judiciales en los ocho centros penitenciarios de la Comunidad para "agilizar" la comunicación. Así lo avanzó hoy en Burgos el presidente del Alto Tribunal, José Luis Concepción, antes de la celebración de la reunión de la Comisión Mixta entre ambas instituciones que tuvo lugar en el Palacio de Justicia de la capital burgalesa.
En este sentido, consideró "fundamentales" los actos de comunicación con los ocho centros penitenciarios que se encuentran en el territorio y que, recordó, "ahora se lleva a cabo a través de los correspondientes actos de auxilio judicial, los exhortos judiciales, con Juzgados de Paz próximos a los centros penitenciarios afectados".
Entendió que se debería superar este "mecanismo anacrónico", por lo que pidió la colaboración del Ministerio de Justicia para la creación de una oficina judicial en cada uno de los ocho centros judiciales que "agilicen" y "faciliten" todas las comunicaciones que los juzgados y tribunales de Castilla y León tengan con la población reclusa del territorio.
Asimismo, se hizo un repaso a la situación de los órganos judiciales de Castilla y León porque, según dijo, "siempre es bueno tener una visión ajena a la que desde el punto de vista gubernativo y desde la óptica que me ofrece a mí las inspecciones a los órganos judiciales nos ofrecen los abogados" que son -agregó- "los que día a día están soportando las posibles disfunciones que algunos juzgados pueden llegar a tener".
Además, Concepción señaló que "se recaba su auxilio para un problema que se puso encima de la mesa en febrero del pasado año en la Secretaría de Estado de Justicia, que son el retraso y las disfunciones que la corta dotación de los equipos psicosociales en los Juzgados de Familia del territorio provocan en estos órganos".
"Los juzgados y tribunales de Castilla y León, por regla general y salvo excepciones muy concretas, funcionan en tiempo y forma pero los juzgados de Familia de Castilla y León están sufriendo una serie de retrasos y de dilaciones provocadas por el trabajo de estos equipos psicosociales que están tardando más tiempo del deseable en evacuar los informes que les precisan en su puesto y que afectan a cuestiones tan importantes como las custodias compartidas y que dilata muchas veces más allá de un año la resolución de un pleito tan sensible como un divorcio o una separación", manifestó.
Así, Concepción recordó que este problema ya se puso sobre la mesa en una de las reuniones anteriores por lo que subrayó que "este problema sigue sin resolver" y que "desde luego, los ciudadanos de Castilla y León por causas ajenas estrictamente a los órganos judiciales están padeciendo estos retrasos".
Análisis general "positivo" de la justicia. Por su parte, el presidente Colegio Regional de Abogados, Julio Gabriel Sanz, realizó un análisis general "positivo" en cuanto al funcionamiento de la Justicia en Castilla y León. Sin embargo, destacó que "no por ello dejan de existir retrasos y carencias importantes, algunas veces, debidas a la carencia de medios materiales", en alusión a los equipos psicosociales, y agregó que, otras veces, "por la propia actuación del órgano judicial de la Oficina Judicial o el retraso recurrente ya en la respuesta judicial a los ciudadanos".
"Seguimos exactamente igual que hace un año cuando ya lo pedimos. Nos parece un tema enormemente delicado el asunto de las oficinas delegadas en los centros penitenciarios que nos permite no solo el planteamiento de la cuestión sino extenderlo también al tema de las videoconferencias desde los centros penitenciarios que pueden ahorrar mucho costo a la Administración Pública y mucho tiempo también a la Administración de Justicia", argumentó.
Contenidos de la reunión. En resumen, durante el encuentro, se abordaron, entre otros asuntos, la mejora del funcionamiento de los juzgados y tribunales, el seguimiento al resultado de la reunión con el secretario de Estado del Ministerio de Justicia y el secretario general de la Administración de Justicia mantenida en 2019, la atención judicial en los centros penitenciarios, y la asistencia de justicia gratuita en el caso de usuarios reiterativos.
A la citada reunión, por parte del TSJCyL asistió su presidente, José Luis Concepción; la presidenta de la Audiencia Provincial de León, Ana del Ser; la magistrada titular del Juzgado de Registro Civil de Valladolid, María del Mar Navarro; la jefa del gabinete de presidencia, Olga Álvarez; y la secretaria de gobierno, Pilar Rodríguez. El CRACyL estuvo representado por su presidente, Julio Gabriel Sanz; su vicepresidenta y decana del Colegio Abogados de Ávila, Raquel Sánchez; el decano del Colegio Abogados de Burgos, Guillermo Plaza; el secretario del consejo, José María Diez; y la letrada Sofía Martín.
En 2009, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Regional de la Abogacía de Castilla y León suscribieron un convenio de colaboración con objeto de mejorar el funcionamiento de los tribunales y facilitar las comunicaciones entre la Abogacía y la Judicatura, creándose entonces al efecto una Comisión Mixta.