La subida fiscal a rentas altas afectará a 800 burgaleses

H.J.
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Son los que superan los 130.000 euros en retribuciones y suponen alrededor del 0,82% de las declaraciones del IRPF que se presentan en la provincia. Alrededor de 130 contribuyentes ganan más de 601.000

La subida fiscal a rentas altas afectará a 800 burgaleses - Foto: Alberto Rodrigo

Mucho se habla de la subida fiscal a las rentas más altas que han acordado el PSOE y Podemos durante las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, pero su aplicación práctica afectará en realidad a pocos contribuyentes. No mucha gente vive la alegría de ingresar mes a mes tanto como ha determinado el listón de los dos partidos de izquierdas.
El incremento de impuestos a los que podríamos considerar como ricos, aquellos que ganan por encima de los 130.000 euros, tocaría el bolsillo de algo más de 800 personas en la provincia de Burgos según un cálculo propio obtenido de combinar las estimaciones del sindicatos de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) con los datos de la Agencia Tributaria. Supondría un 0,82% en relación al conjunto de declaraciones presentadas en la campaña de 2017 (la última con datos disponibles) y un 0,52% si nos fijamos únicamente en la estadística de asalariados.
El dato es complejo de obtener, pues las estadísticas oficiales no coinciden con los límites establecidos por el Gobierno. Se sabe con certeza que en la provincia de Burgos hubo 485 personas que en 2018 cobraron retribuciones salariales superiores a los 103.026 euros (el equivalente a 10 veces el salario mínimo) y que eso es el 22,2% del total autonómico.
Conocemos también gracias a Gestha que los afectados en toda Castilla y León porque superan los 130.000 euros de ingresos alcanzan los 3.758, de los cuales 662 están por encima de los 300.000. Aplicando el mismo peso porcentual a los potentados de Burgos respecto al conjunto de la Comunidad, obtendríamos que 826 contribuyentes ganan más de 130.000 (132 más allá de los 300.000). Hay que tener en cuenta que la proporción de ingresos no es la misma que la poblacional, en la que Burgos presenta unas cifras inferiores. La alta industrialización de la capital o de los entornos de Aranda y Miranda destaca al conjunto de la provincia respecto a otras como Soria, Ávila o Zamora, en las que el tejido económico no es tan fuerte y por tanto hay tradicionalmente un nivel de vida inferior.
La consecuencia para esos afortunados, si se cumple lo que recoge el documento hecho público por socialistas y morados, es que se incrementarían dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a los 130.000 euros (ahora pagan un 45%), y cuatro puntos para la parte que supere los 300.000.
otras medidas. El acuerdo de investidura de Pedro Sánchez no solo recoge una elevación del IRPF para las rentas más altas (que no entraría en vigor hasta que sea definitivamente aprobada, por lo que de momento es una propuesta y habrá que esperar para que se concrete su fecha de aplicación), sino también una reforma del Impuesto de Sociedades.
Con ella se pretende garantizar «una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos». También hay un incremento sobre las rentas del capital, que subirá cuatro puntos porcentuales para las que pasen de 140.000 euros, y «se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas» para que contribuyan a «un sistema fiscal más justo y progresivo».
Esta suerte de programa de Gobierno conjunto con Podemos no solo habla de subidas, sino también de bajadas en otros aspectos. Por ejemplo, promete «mejoras en la fiscalidad para las pequeñas y medianas empresas». Con ello, las que facturen menos de un millón de euros pasarán del 25% al 23% en el tipo de gravamen.
Junto a esto, se recoge también la apuesta por nuevos impuestos «sobre determinados servicios digitales» con el fin de gravar operaciones de la economía online que actualmente no tributan, gravar transacciones financieras para operaciones de compra de acciones españolss por parte de operadores del sector, una nueva fiscalidad verde «como mecanismo para desincentivar comportamientos nocivos para el medio ambiente, evitando siempre que cualquier modificación recaiga sobre las clases medias y trabajadoras o sobre autónomos y pymes».