La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado al Gobierno de Canarias que pagará a las autonomías antes de fin de año las actualizaciones de las entregas a cuenta que están pendientes, pero no ha aclarado la fórmula porque se está trabajando en ello. Según la Abogacía del Estado, un Gobierno en funciones y con el Presupuesto del Estado prorrogado de 2018 no puede aprobar estas transferencias. 

"No nos descubrió cómo, pero dice que se resolverá", ha afirmado el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, tras reunirse con Montero junto al presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, para tratar diversos asuntos de la comunidad así como este de las entregas a cuenta. En el caso de las islas, se trata de 223 millones de euros que el Ejecutivo canario espera ingresar. 

Cuestionado sobre cómo se podría resolver este asunto, Torres dijo que la primera fórmula sería que hubiera investidura, ya que así no tendría sentido el informe de la Abogacía del Estado porque ya no habría un Gobierno en funciones y se podrían liberar esas partidas sin comprometer a un futuro Gobierno. 

"Y si fuéramos a elecciones, nosotros nos vamos contentos porque su manifestación expresa es que antes de que acabe el año buscará la solución para que esas entregas a cuenta lleguen", aseveró el presidente. 

Sobre la posibilidad de que se convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para afrontar este asunto, los dirigentes canarios han explicado que Montero no es partidaria de reunirlo a corto plazo porque no podría tomar decisiones, sin Presupuesto del Estado para 2019 y con el Gobierno en funciones. "Ella no le ve eficacia", ha asegurado el vicepresidente canario. 

"Todo está atravesado por un Gobierno en funciones y por la ausencia de una ley de presupuestos. Sin estas condiciones se complejiza el funcionamiento de la cosa pública y tiene un impacto negativo en el funcionamiento del conjunto del Estado español y de la propia economía", dijo Rodríguez.

Canarias hará su presupuesto "a ciegas" 

Asimismo, señaló que durante la reunión Canarias ha planteado tres cuestiones principales; en primer lugar que se inicia la elaboración del presupuesto de la comunidad autónoma sin disponer de los requisitos de orden estatal que lo condicionan --techo de gasto y, en gran medida, cantidades a cuenta de la financiación autonómica del año siguiente". 

De esta manera, hizo especial hincapié en que el Ejecutivo regional tendrá que hacer su presupuesto "a ciegas", con sus propios cálculos porque los condiciones que establece el Estado no los tiene "nadie". "El día que tengamos una ley de presupuesto y tengamos esos condicionantes --matizó-- se readaptarán las leyes". 

En segundo lugar, Torres y Rodríguez han planteado la necesidad de un espacio de entendimiento, de diálogo y de trabajo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, a lo que Montero ha dicho que no descarta su convocatoria aunque advierte de que sin la condición anterior -el hecho de estar en funciones- la capacidad de toma de decisiones está "limitada". 

Mientras, en tercer lugar, los responsables canarios plantearon a la ministra los asuntos referidos a la financiación autonómica en las cantidades a cuenta. Al respecto, Rodríguez entendió que el Gobierno alcanzó el límite normativo para actuar.

Cuando las normas no resuelven problemas "se cambian" 

"Y le hemos planteado la idea -añadió- de que cuando las normas no resuelven los problemas, pues se cambian las normas. Parece poco razonable que la financiación autonómica, de la que depende la estructura de funcionamiento, dependa de que exista o no ley de presupuestos". 

Por ello, añadió que habría que establecer un procedimiento que separe la inestabilidad política en el conjunto del Estado de las estructuras territoriales, recordando que en Canarias se tiene un gobierno en pleno funcionamiento que está condicionado por la situación de estar en funciones del Ejecutivo central. 

"En cualquier caso, [Montero] nos dice que el Gobierno buscará los mecanismos para garantizar las cantidades a cuenta en este ejercicio económico y que las comunidades debemos contar con los recursos que se notificaron en julio de 2018. Las cantidades a cuenta se tendrán que transferir sí o sí", aseveró el vicepresidente. 

En cuanto a los asuntos bilaterales en carreteras, el presidente canario destacó que la ministra anunció que ha autorizado los 42 millones del Plan Integral del Empleo de Canarias (PIEC), que están en los PGE prorrogado de 2019, por lo que, dijo, se ha desbloqueado la situación. 

Torres se refirió también a los convenios de carreteras y a las partidas incluidas en los acuerdos firmados, "o no", en diciembre de 2018 por el anterior Gobierno de Canarias presidido por Fernando Clavijo.

Canarias reclama 500 millones por un convenio para carreteras 

"Había varios convenios. Se firmó uno por 1.200 millones para los próximos años pero no se firmó uno de 500 millones y otro de 101 millones de euros, por lo que lamento que no se firmara este convenio porque se puso sobre la mesa al Gobierno canario saliente diferir en años esos 500 millones y finalmente no se rubricó", dijo. 

El presidente entendió que estas partidas, por no haberse firmado, hoy están contempladas como déficit para el Gobierno de España y como superávit para el de Canarias, lo que "dificulta" que se puedan usas esos fondos para gasto corriente. 

"Hemos puesto sobre la mesa que --insistió--, siendo difícil, se arbitren todas las fórmulas para intentar buscar una salida y la ministra se ha comprometido en estudiar posibilidades de convenios con carácter finalista para esos 500 millones de carreteras que, en su momento, el Gobierno de Canarias tuvo que poner de su fondo ante el incumplimiento del Gobierno del PP".