El alcalde, Daniel de la Rosa, ha dado la «instrucción» a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para que no recurran el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que rechazó, por un error de forma y sin llegar a entrar si quiera en el fondo, la pretensión municipal de reclamar a la multinacional Kronospan 400.000 euros de una bonificación del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Una subvención, cabe recordar, que el propio Consistorio concedió a la firma asentada en Castañares en 2015 pero que cuatro años después, tras desdecirse a sí mismo, le vino a reclamar.

Más allá de las conclusiones a las que pueda llegar la investigación interna que ordenó abrir el equipo de Gobierno para conocer por qué no se incluyó en el expediente administrativo la preceptiva declaración de lesividad firmada (la que hubiera permitido exigir la devolución de la bonificación), el alcalde expresó que la propia reclamación que se impulsó desde el Órgano de Gestión Tributaria era «surrealista».

«No puede ser que a una de las empresas que más empleo genera en la ciudad, el Ayuntamiento les comprometa unas bonificaciones y al cabo de unos años, de oficio, se cuestione si se ha procedido correctamente». Es decir, que «se reviertan esas subvenciones y se les exija la devolución». De la Rosa, afeando la posición de sus técnicos aunque «con todo respeto» hacia su desempeño, afirmó también que «es comprensible que la empresa diga que no es normal esta forma de hacer las cosas».

El regidor avanzó que fue la propia titular del Órgano de Gestión Tributaria la que, en cuestión de cuatro años, «cambió de criterio». Sobre eso, al menos por el momento, no hay ninguna aclaración más y habrá que esperar a ver lo que dice (si es que añade información al respecto) el expediente de información reservada que se ha abierto.

Si bien reconoció que él, como político, no podía oponerse a la reclamación que se proponía realizar  desde el punto de vista técnico, añade que «como alcalde sí tengo capacidad de decidir si se presenta un recurso o no. Y éste, no se va a presentar».

Al no estar la declaración de lesividad firmada dentro del plazo legal que el Ayuntamiento tenía para exigir el dinero, el magistrado no llegó a entrar en el fondo del asunto. Pero es que tampoco en esto último el alcalde comparte el criterio de los técnicos de la Concejalía de Hacienda ya que «no existe una sucesión y no hay una vinculación empresarial» entre Interbon y Kronospan. Cabe contextualizar aquí que los argumentos del Órgano de Gestión Tributaria se encaminaban a que había una continuidad de la actividad productiva y, por tanto, no cabía la bonificación por el inicio de la actividad.

«Creo que la empresa tiene razón en sus argumentos y así lo entendía el Órgano de Gestión Tributaria en 2015 pero no ahora», afirmó como si no terminara de comprender lo que ha pasado para que se produjera ese cambio de criterio.

El alcalde ha mantenido recientemente una reunión con directivos de Kronospan a los que les ha traslado esta misma interpretación de los hechos y en la que se comparte que la multinacional austriaca invirtió decenas de millones de euros para rescatar a Interbon, que en 2012 se encontraba en concurso de acreedores y en proceso de liquidación, y que lo que inició fue una nueva actividad sin vínculos con la anterior propiedad.

El líder del Ejecutivo municipal defiende que los 400.000 euros que ya no se exigirán «no se han perdido ya que nunca se tenían que haber cobrado».