El Ayuntamiento de Burgos acaba de conocer una sonrojante sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Burgos que anula la pretensión municipal de cobrar a la multinacional austriaca Kronospan alrededor de 400.000 euros de una bonificación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que el mismo Consistorio capitalino le concedió en 2015 y que luego, varios años después, le ha querido quitar.

Lo más llamativo del fallo es que el magistrado no llega ni a analizar el fondo de la cuestión ya que el Ayuntamiento acudió a los tribunales, tal y como puso de manifiesto la compañía y refrenda el juez, sin que la preceptiva declaración de lesividad para poder anular el acto administrativo de 2015 estuviera firmada. Es decir, con un documento sin valor alguno.

Es importante conocer que el Ayuntamiento tenía un plazo de 4 años para presentar esa declaración de lesividad (una rectificación de sus propios actos) que se inició en el momento en que se notificó a la compañía que se le había concedido la bonificación del 50% del IAE de los años comprendidos entre 2015 y 2019. Sí obraba en el expediente una resolución en ese sentido del 15 de octubre de 2019 (el último día del plazo para reclamar el dinero) pero no estaba firmada. Y eso, según se recoge en el fallo, no es un asunto menor.

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