La tramitación administrativa de la Diputación para contratar y poner en marcha siete cuadrillas forestales, integrada cada una de ellas por un capataz y cuatro peones, ha llegado a tal punto de bloqueo o colapso que responsables de la institución provincial, entre los que se encontraba el vicepresidente y responsable del área de Personal, Lorenzo Rodríguez, acordaron ayer suspender los contratos de los 35 trabajadores forestales, suscritos hace un mes con cargo al Plan de Empleo Forestal de la Junta.
Esta drástica decisión, a la que ahora se tienen que encontrar un encaje legal, se adopta porque nadie se atreve a fijar unos plazos para realizar los reconocimientos médicos a los trabajadores, tener una evaluación de riesgos de los puestos de trabajo y habilitar los centros de trabajo cedidos por los municipios donde tienen sus sedes las cuadrillas, así como contratar los vehículos para desplazamientos.
Desde el Sindicato Obrero Independiente (SOI) y CCOO señalan que se ha llegado a esta situación, además de por la «demora injustificada» en la contratación del técnico coordinador de las cuadrillas,  por «la ineficacia e ineficiencia del servicio de Personal para gestionar el contrato del Servicio de Prevención Ajeno», lo que conlleva retrasos en la realización de la evaluación de riesgos, la visita a los centros de trabajo y el reconocimiento médico de los 35 trabajadores. Desde CCOO van más allá y aseguran que son «las desavenencias entre la jefa de Personal y el Servicio de Prevención Ajeno son las que traen consigo que este último no actúe con la diligencia necesaria», ya que aseguran desde esta organización sindical que «la Diputación está reteniendo pagos a la empresa y la empresa, al no ver satisfecho el pago de las facturas, no acomete los trabajos que el servicio de personal requiere».

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