Ocho años y medio han pasado desde que el 2 de enero de 2011 entrase en vigor la nueva Ley Antitabaco, que entre otras medidas, prohibió una acción hasta la fecha tan normalizada como fumar dentro de cualquier tipo espacio de uso colectivo, local abierto al público o sin estar al aire libre.Los hosteleros fueron uno de los gremios que alzó la voz ante una normativa que consideraban injusta, mientras que a nivel de ventas y consumo se notó una caída. Desde entonces, y a pesar de las reticencias y dudas que sobrevolaban a la sociedad en sus primeros meses, los burgaleses la han interiorizado y asimilado, aceptando que deben salir del bar o esperar a terminar de comer en un restaurante para echarse un cigarrillo o un puro.
En la primera mitad del 2019, el Servicio Territorial de Sanidad de la Junta en Burgos, organismo encargado de las inspecciones y controles rutinarios en todos los locales de hostelería, en centros y establecimientos sanitarios y en polideportivos, kioskos o recreativos de la provincia los 365 días del año, ha levantado 18 expedientes, mientras que hasta la fecha se han resuelto 27 infracciones, algunas de las cuales venían arrastradas del año pasado. «Mensualmente se visitan cerca de 60 negocios para controlar que se cumpla la Ley Antitabaco», indica el jefe del Servicio en Burgos, José Antonio Miranda. La principal motivación que deriva en la incoación de un expediente es el consumo en lugares prohibidos; personas que deciden saltarse a la torera la Ley y se encienden un cigarrillo en el interior de un local público cerrado, siendo las estaciones de transporte, los colegios o las gasolineras algunos de estos emplazamientos. Le siguen las faltas a los propietarios de establecimientos que permiten fumar dentro de sus negocios, una labor en la que Miranda destaca la colaboración con GuardiaCivil y Policía Local y Nacional. «Las denuncias siempre precisan de una inspección por parte de los inspectores de Sanidad para verificar el hecho denunciado, no así las de los cuerpos de seguridad que conllevan la presunción de veracidad del hecho denunciado por los agentes», explica.

[más información en la edición impresa]