"Tras pelear con los bancos, toca empezar con los fondos"

P.C.P.
-
Los bancos ya no son los interlocutores y no hay sucursales en las que visibilizar la protesta. - Foto: Christian Castrillo

Los casos de alquiler suponen el 80% del trabajo actual de la PAH en Burgos, pero con interlocutores diferentes. «Ya no hay ventanilla» ni sucursales

De aquellos barros estos lodos. En poco más de 6 meses el trabajo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca no solo ha cambiado radicalmente de objeto sino también de interlocutor. Los sujetos siguen siendo los mismos, personas y familias detrás de cuyos problemas habitacionales existen otros más graves (desempleo, enfermedades, familiares con discapacidad) y que en muchas ocasiones creían haber superado ya. Ahora ya no firman hipotecas, sino que viven de alquiler y no negocian con las entidades a las que contrataron el préstamosin con las sociedades que han comprado la casa, con ellos dentro.
«Con todo lo que nos ha tocado pelear con los bancos y ahora tenemos que empezar con los fondos buitre», resume la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Burgos, donde actualmente el 80% del trabajo se concentra en «renovaciones de los contratos de alquiler social que están empezando a llegar en masa de aquella época», en referencia a cuando se comenzaron a generalizar las daciones en pago, hace 3 y 4 años.
El caso de María Ángeles se acaba de cerrar, después de varios meses de trabajo, presiones, llamadas y correos electrónicos cruzados entre ella y su marido como inquilinos, la PAH y Alquilovers y Anticipa  (detrás de las que está el gigante Blackstone, también propietario de Aliseda). Ella y su marido firmaron una hipoteca con el Banco Popular en 2001 con un suelo del 5,75% para comprar una casa de segunda mano en el tramo final de la calle Vitoria. Cuando se quedaron sin trabajo y sin ingresos, empezaron a involucrar a la familia. La casa de la suegra, la de la madre, un  apartamento de aquella en Benidorm... «Tercera hipoteca, cuatro casas, una cuenta de crédito y toda la familia en danza», resume, con factura para la salud. «Te hacen sentir mal, como que no quieres pagar. Siguen, siguen y te agobian»  con un trato que no duda en calificar de inhumano con algunos empleados del banco, de los muchos que fueron su interlocutor.«Cada vez que iba a la sucursal, había un director diferente», recuerda. «Pasé una pesadilla» hasta que al final, con la ayuda de la plataforma, logró cancelar las 3 con la dación en pago y el abono en metálico de 15.000 euros (para salvar el apartamento), se quedó con una deuda de 15.000 euros y un alquiler social de 180 euros -con ingresos de 800- en la que ya no era su casa.
A los dos años de creer que su problema estaba resuelto y cuando el matrimonio comenzaba a la levantar cabeza, le llega una carta del banco en la que le comunica que han vendido su vivienda, con ellos dentro, y que a partir de ahora se debe relacionar con otra empresa.   Todo fue bien hasta que el pasado octubre, 6 meses antes de vencer el contrato, contactan con ella para ofrecerle 4.000 euros y que se vaya de la casa. Si en vez de aceptar el viernes, contesta el lunes, baja a 3.000. «Empiezan muy pronto y con presión, para que si no te asustas lo hagas por agotamiento», apunta María Ángeles.
En diciembre les ofrecen renovar el alquiler por 685 euros al mes, de un piso construido en 1968 en el tramo final de la calle Vitoria, sin garaje ni trastero, y con 85 metros cuadrados (unos 73 útiles). «A precio de mercado», les dicen desde la inmobiliaria, que ni siquiera ha enviado nadie a verlo.  
Posteriormente el precio ‘de mercado’ baja a 525 y la empresa de Blackstone se ofrece a bonificar el alquiler con 150 euros mensuales, lo que dejaría la renta mensual en 375, que se revisará anualmente y se perderá cuando los ingresos de la unidad familiar superen los 2.200 euros para pasar a ser el 30%. Esto es, si uno de los dos encuentra un trabajo con salario de ejecutivo pagaría más por esa vivienda que por un chalé en la Castellana.
A partir de ahí empieza una tensa negociación que acaba a finales de enero con una renta mensual de 375 euros sin bonificación por un plazo de 3 años (en ese ínterin el Congreso ha tumbado el decreto para ampliar el contrato a 7).
«Después de todo lo que me han hecho pasar con la hipoteca y ahora esto», resume María Ángeles, que a lo largo de la conversación romperá a llorar solo en una ocasión, cuando recuerda la primera vez que pudo llenar la nevera a sus hijas.«Fue cuando en la PAH me dijeron ‘no pagues ni un euro más, lo primero sois vosotros», explica.«No sé si ahora soy más fuerte pero si estoy más arropada», explica en relación a los dos duros procesos  inmobiliarios que se ha visto obligada a asumir.
También ha cambiado mucho la forma de negociar de la plataforma.«Ya no hay ventanilla», resume su portavoz. No hay cajero que tapar con pegatinas ni oficina que ocupar porque la mayoría de las entidades bancarias se han desvinculado del negocio inmobiliario con la venta de sus carteras. Tampoco hay interlocutores físicos. Toda la red de contactos que los movimientos antidesahucios habían tejido con empleados y directivos de banca y esa relación de cierta confianza, o al menos de respeto a las reglas del juego, que el tiempo y los roces habían tejido ya no soluciona estos problemas.
Hace 4 años, la PAH empapeló una sucursal y logró parar dos lanzamientos de Mayte, con una pensión no contributiva de 323 euros mensuales y una hija con un 68% de discapacidad a cargo. Su alquiler social vence en abril y ya le han comunicado que solo se lo quieren renovar por un año. Además, le reclamaron por burofax una deuda inexistente, de agua y luz entre enero y septiembre.«Nos costó 3 semanas que nos cogieran el teléfono», explican desde la PAH, para reconocer que la deuda no existía. Un ‘error’, siempre es esa la explicación, aunque en realidad parezca un método para presionar y amedrentar a quienes ya han sufrido mucho. «Esta segunda vuelta carga sobre gente que ya está muy machacada» y para la que no han servido las soluciones políticas y sentencias judiciales de los últimos años. Por ejemplo, Ángeles no pudo reclamar su cláusula suelo. «Hay muchas cosas que llegan tarde.Es más, no conocemos a nadie a quien le hayan devuelto la casa, aunque le dé la razón la justicia», apostilla la portavoz de la PAH.
En cualquier caso, desde la plataforma animan a todas las personas en esta situación a consultar primero, a negociar, a no rendirse sin antes buscar otra solución.Y por supuesto a no aceptar esa primera oferta de ‘ayuda para mudanza’, aunque parezca una bicoca.«Hay muchas familias que hace años que no ven 3.000 euros juntos. Es difícil resistirse», asumen.

 

"SE LLEGA A MILES DE SOLUCIONES"

«Hay una voluntad de llegar a acuerdos y este caso es un ejemplo claro», explican desde Aliseda (empresa del grupo Blackstone) en referencia al caso de María Ángeles y la PAH de Burgos.«En toda España se llega a miles de soluciones pactadas» mediante una «interlocución con las plataformas antidesahucios y con las familias», añaden para remarcar su voluntad de transparencia.
Existe un interés claro por sacudirse de encima la imagen que lleva asociada el calificativo de ‘fondo buitre’ por el que se ha conocido a este tiempo de compañías enEspaña.Ellos se autodenominan sociedades patrimonialistas y niegan que su principal objetivo sea echar a los inquilinos de las casas que han comprado a los bancos.«El objetivo es llegar a una solución amistosa», informa un portavoz, para recalcar que nada tienen que ver con lo que pudo pasar entre los anteriores propietarios y los inquilinos, ni con sus deudas.
Su interpretación de una misma realidad es totalmente contraria a la de la PAH. El inicio de las negociaciones con tanta antelación se interpreta como una forma de permitir que «las familias no se sientan presionadas» y la oferta de dinero para abandonar el piso como una alternativa, en vez de como un cebo para vaciarlo. «Les damos diferentes opciones: ayudas para gacer una mudanza, programas de inserción laboral, bonificaciones de precio atendiendo a su situación socieconómica....».
Blackstone es el principal operador del mercado inmobiliario y gestiona miles de viviendas a través de Anticipa Real Estate, Fidere y Qasar, procedentes de las inmobiliarias de los bancos Popular, Santander y Sabadell (también adquirió 6.400 millones en hipotecas tóxicas de Catalunya Banc) y de Testa. Es el más grande pero no el único fondo con inquilinos que opera en España. Lone Star (Coral Homes)ha forjado su cartera con propiedades de CaixaBank, Bankia y Kutxabank; y Cerberus compró al BBVA el 80% de su parque inmobiliaria.