La Fiscalía General del Estado ha resuelto abrir un expediente disciplinario al fiscal jefe de Ourense, el burgalés Florentino Delgado, y al fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, para investigar la posible comisión de "faltas graves" en el ejercicio de su cargo.
Esta decisión se produce después de las quejas presentadas por los abogados de la exconcejala de Urbanismo del PSOE de Ourense, Áurea Soto, a raíz del procedimiento relacionado con los aprovechamientos urbanísticos durante la etapa de Manuel Cabezas como regidor de la ciudad.
El pasado mes de enero, la Fiscalía General había acordado "incoar diligencias informativas para el esclarecimiento de los hechos" en conformidad con el artículo 65.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal por si la actuación del jefe provincial pudiera estar incurso "en faltas disciplinarias de grave desatención o retraso injustificado".
Según el escrito al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía ha acordado abrir un expediente a Delgado Ayuso por si pudo cometer varias faltas "graves" relacionadas con el "retraso injustificado" de asuntos en el ejercicio de sus funciones; abuso de su condición "para obtener un trato favorable e injustificado", desconsideración hacia abogados así como por seguir investigando un caso "a sabiendas de que debía abstenerse por enemistad manifiesta" con la acusación.
Además, aparta al fiscal jefe de Ourense por "aparente pérdida de la imagen de imparcialidad y objetividad" de la causa urbanística del 10%, por dos posibles faltas, una grave y otra muy grave, en este último caso, "de inobservancia del deber de abstención".
Este mismo expediente disciplinario se abre al fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, en su caso por desatención muy grave al no haber ejercido las labores de inspección y dirección inherentes a su cargo.
POLÉMICA POR SU PISO
Hace unas semanas se conoció que el fiscal jefe de Ourense está ocupando un piso de alquiler puesto a su disposición por la Xunta de Galicia en 2004 pero cuyo contrato cesó en 2016, según la información desvelada por El País.
Delgado se instaló en la vivienda al tomar posesión de la jefatura de la Fiscalía después de que la Xunta firmara un contrato de alquiler con un particular. Desde el año 2016 el contrato de alquiler rescindió y nadie paga las mensualidades. Sin embargo, el fiscal jefe sigue viviendo allí.
Por su parte, el propietario de la vivienda ha presentado una demanda contra el Gobierno gallego. En ella reclama una solución ante, alega, los continuos impagos de la misma desde septiembre de 2016 por parte del Gobierno gallego y ha pedido a la Administración "que asuma las consecuencias" del arrendamiento.
En concreto, el abogado del propietario, que ha presentado una demanda judicial para reclamar el pago de los atrasos y la devolución de la propiedad, ha lamentado que la Xunta "se desentienda" de esta situación y no les devuelva las llaves o bien pague la cantidad adeudada.
En su relato, indica que la Xunta había puesto en 2004, durante la etapa de Manuel Fraga, a disposición del fiscal jefe un céntrico piso que la Administración autonómica se comprometía a financiar con el resto de gastos de la vivienda hasta que en 2016 procedió a "ejercitar el desestimiento", ha abundado esta misma fuente.