El Gobierno confirmó ayer que prevé acometer una «profunda» revisión de las figuras fiscales e impulsar una reforma fiscal para garantizar la tributación de las grandes empresas, limitando las exenciones por participación en otras sociedades y reduciendo el tipo de gravamen para las pymes, al tiempo que avanzará en nuevos impuestos verdes y se marcará el objetivo de atajar la precariedad priorizando la contratación indefinida.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abogó por adaptar el sistema «a la realidad del siglo XXI», desde criterios de «justicia, progresividad y capacidad redistributiva». El propósito del Ejecutivo es conseguir una mayor eficacia recaudatoria que se traduzca en el fortalecimiento de los servicios públicos y la reducción de las desigualdades, a través de un análisis «profundo» de las figuras impositivas y beneficios fiscales existentes, al tiempo que se potenciará la política efectiva contra el fraude, la evasión y elusión fiscal.

En esta línea, también se extenderán los programas y actuaciones de fomento de la conciencia fiscal de la ciudadanía, con particular foco en la población más joven y se continuará reforzando el alineamiento de los Presupuestos Generales del Estado y de las cuentas autonómicas con la Agenda 2030, fomentando la «complementariedad y coherencia» de los programas contables con un desarrollo de criterios sostenibles.

En materia laboral, las directrices de esta estrategia también se hacen eco de medidas como garantizar que la contratación indefinida, «con un adecuado nivel de protección», sea el instrumento principal de contratación y que la  temporalidad tenga un origen exclusivamente causal.

El Ejecutivo se propone, además, avanzar en una normativa sobre jornada y horario de trabajo, garantizando así el derecho a la desconexión y la adecuada gestión del tiempo, así como a la protección efectiva en casos como el embarazo y la lactancia.