La Consejería de Familia está ultimando un nuevo programa de actuaciones estratégicas para prevenir y combatir la pobreza infantil y romper la cadena de transmisión generacional de la misma que contará con 54 medidas y un presupuesto de 60 millones de euros anuales durante los próximos seis ejercicios. La consejera del ramo, Isabel Blanco, anunció los detalles durante la reunión de la sección de Atención y Protección a la Infancia del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, que se celebró en Salamanca, y donde especificó que el documento «nace del compromiso del presidente Mañueco con la atención a la infancia y la igualdad de oportunidades». Un reto que implica dotar a las familias vulnerables de los recursos necesarios «para garantizar el cuidado y la educación adecuados, que permitan romper con el círculo de pobreza, así como seguir apostando por la formación e inserción laboral».

El más de medio centenar de medidas están agrupadas en torno a 19 objetivos específicos y cuatro áreas prioritarias de actuación, que tienen como finalidad principal la prevención y lucha contra la exclusión social de los menores especialmente vulnerables, garantizando su acceso a un conjunto de servicios clave, así como la defensa de sus derechos desde el fomento de la igualdad de oportunidades. 

Los servicios se enmarcan en los ámbitos educativo, sanitario, de vivienda y de servicios sociales y el reto es «asegurar a los pequeños su derecho a la atención sanitaria, a la educación gratuita, inclusiva y de calidad, a la inclusión socioeconómica, y a la igualdad de oportunidades, con viviendas adecuadas y alimentación sana».

El programa tendrá una duración de seis años, hasta 2027, y a la media de 60 millones de euros anuales que destinará la Junta  se incorporarán el cinco por ciento de los recursos procedentes del Fondo Social Europeo Plus durante dicho periodo. «Se trata de garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las familias más vulnerables, pero también de darles una perspectiva de futuro. Los servicios sociales deben tener una puerta de entrada, pero también una de salida», valoró la consejera.

Actuaciones estratégicas

El programa de actuaciones estratégicas para prevenir y combatir la pobreza infantil, diseñado para los próximos seis años, se marca como gran objetivo «prevenir la transmisión intergeneracional de situaciones de vulnerabilidad, empleando de forma ordenada y alineada toda la red de recursos disponibles, en coordinación con las diferentes administraciones y las entidades del tercer sector». El objetivo general, de hecho, según Blanco es «evitar que determinadas situaciones familiares de vulnerabilidad puedan devenir en situaciones de pobreza infantil, garantizando la cobertura de las necesidades básicas y generando perspectivas de futuro».  

En este marco, se plantean como retos particulares garantizar la protección frente a los desahucios de las familias con menores de 18 años, proporcionando a las unidades familiares los recursos y ayudas necesarios para cubrir sus necesidades básicas en materia de vivienda, evitar que la pobreza familiar sea causa para la declaración de desamparo, fomentar espacios seguros de crecimiento, favorecer la autonomía de los miembros de unidades familiares con menores de edad, facilitando su incorporación al mercado laboral, y coordinar el conjunto de medidas planificadas en el programa, según enumeró la consejera, que añadió que el documento presentado ayer está alineado con la Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia.

Expertos en higiene y alimentación a domicilio

Isabel Blanco también anunció ayer que su departamento contempla una nueva línea de ayuda a domicilio con expertos en educación, higiene o alimentación que ayuden en estas tareas a menores de familias vulnerables. Esta iniciativa es una de las medidas «de inminente aplicación» que plantea el programa de actuaciones estratégicas para prevenir y combatir la pobreza infantil. El propósito de este documento, del que dijo que es «participativo», pues ha contado con aportaciones de distintas entidades del tercer sector, así como de menores y de distintas áreas de la Administración, es sacarlo adelante y «una vez se apruebe» trabajar ya «el año que viene» con esta línea de ayuda a domicilio, al que accederían menores en situación de «especial vulnerabilidad» y tras la evaluación de técnicos.

Dentro del mismo listado de medidas de inminente aplicación se encuentra, explicó, la revisión de la normativa de la Renta Garantizada de Ciudadanía para vincular su percepción a la lucha contra el absentismo y el abandono escolar tempranos, de manera que se realizarán itinerarios formativos, a partir de los tres años, para evitar la salida de las aulas de los más pequeños. Para conseguir los objetivos marcados en el ámbito social, se plantea la puesta en marcha de una red de coordinación con las corporaciones locales y entidades del tercer sector social, que aborde de manera más efectiva la pobreza infantil, además de potenciar el intercambio de información entre las instituciones, aplicando la tecnología y la innovación a los servicios sociales, tal y como explicó la consejera de Familia.

Además de las consejerías implicadas, en este seguimiento van a participar también la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla y León y EAPN y, en el ámbito provincial, las gerencias territoriales de servicios sociales, a través de la Red Centinela.