Los informes emitidos por los servicios sociales del Ayuntamiento alegando vulnerabilidad han logrado aplazar o paralizar 104 desahucio y estas familias viven pendientes de que se reactive su proceso cuando concluya la moratoria dada por el Gobierno central hasta febrero de 2022. De ahí que no haya sorprendido la presentación de 75 solicitudes para acceder a los seis nuevos pisos del parque de alquiler social municipal destinados a este colectivo.

El plazo de presentación de solicitudes finalizó la semana pasada y ahora los técnicos tendrán que estudiar las solicitudes para ver si los peticionarios cumplen los requisitos y se adjudicarán las seis viviendas disponibles, según señaló la concejala de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez. Para poder acceder a este recurso municipal los ingresos brutos de los miembros de su unidad familiar no deben superar el límite de tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) 23.728,80 euros, ponderado según tamaño familiar, de acuerdo a los siguientes límites: la unidad familiar de una persona 15.817,20 euros al año; de dos personas, 19.771,50; de tres personas, 22.144,08 y de cuatro o más personas, 23.725,80.

Tendrán derecho a un alquiler social de un año prorrogable por periodos anuales, hasta un máximo total, incluida la concesión de alojamiento y las prórrogas, de siete años, previo informe técnico.

El parque municipal de viviendas sociales puesto en marcha en 2015 cuenta con 24 alojamientos de los que 8 son de titularidad municipal y el resto de convenios con entidades financieras. 

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) considera que el parque municipal la situación en la que se encuentra un centenar de familias. «Está claro que iba a haber una avalancha de solicitudes pero solo se podrán beneficiar seis familias. Lo que tiene que preocupar es qué pasará con centenar de familias», señaló su portavoz, Julia Braceras, que pidió que los servicios sociales agilicen el informe de vulnerabilidad.