80 familias necesitan ayuda para cubrir gastos básicos y pagar facturas

R.L. / Miranda
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Servicios Sociales destinó 60.000 euros en 2015 a hogares que carecen de recursos para afrontar las necesidades primarias. A los beneficiarios se les insta a participar en programas de inclusión para que la situación no se cronifique

Las ayudas de emergencia están destinadas a casos en los que se roza la pobreza extrema. - Foto: R.L.

Cuando no hay trabajo y se agota la prestación por desempleo se encienden las alarmas para muchas familias. Primero, porque hay que cubrir unas necesidades básicas, pero también porque los recibos siguen llegando de forma puntual y hay que cumplir con el pago del alquiler y de la hipoteca.

En una situación de extrema necesidad, hay quienes no tienen más remedio que recurrir a Servicios Sociales. El año pasado el Ayuntamiento destinó más de 60.000 euros a las ayudas de emergencia, un apoyo económico que se otorga a los ciudadanos que no pueden afrontar ni los gastos básicos.

Acceder a ellas no es sencillo; se requiere cumplir una serie de requisitos estrictamente marcados por la normativa. Desde el año 2013 un reglamento de la Junta de Castilla y León marca los criterios para que exista homogeneidad en todos los municipios, y también se fija un tope anual que pueden percibir las familias.

El importe máximo para un titular o unidad familiar en un año natural no puede superar 0,5 veces el IPREM considerado en doce pagas. La cuantía, por tanto no excede de 3.195 euros anuales más IVA, teniendo en cuenta que los ingresos que puede tener una unidad familiar formada por una persona deben ser inferiores a 7.669 euros. «Cuando una persona solicita la Renta Garantizada de Ciudadanía, que sería por así decirlo una ayuda más estable, el Ayuntamiento otorga esta ayuda puente  hasta que obtiene esa otra prestación», explica el concejal de Servicios Sociales, Pablo Gómez , quien recalca que esta prestación municipal tiene un «carácter limitado en el tiempo»

A lo largo de 2015 se presentaron un total de 89 solicitudes de prestación, si bien 12 de ellas fueron denegadas por no cumplir los requisitos establecidos. El resto, 77, sí se concedieron, suponiendo un importe total de 62.728 euros, lo que supone una media de 800 euros.

La mayor parte de las prestaciones que se otorgaron, en concreto el 45%, fueron para cubrir necesidades de subsistencia (ropa, manutención, educación o atención sanitaria), mientras que el resto de prestaciones se repartieron prácticamente a partes iguales para pagar las cuotas de alquiler y para las facturas de suministros energéticos.

Se puntualiza desde Servicios Sociales que se trata de una ayuda de emergencia; es decir, que los solicitantes tienen que tener una verdadera necesidad, y se trabaja con las familias para intentar que no se cronifique el problema. Algunos de los beneficiarios de estas ayudas han acudido al Servicio de Orientación Laboral para encontrar un trabajo, un programa municipal que cada año atiende a cerca de 300 vecinos. De ellos, 44 lograron un empleo.

«Es importante darles una ayuda, pero también nos centramos en la inclusión social de la persona, trabajando en la serie de obligaciones que tiene como contrapartida por la ayuda», mantiene el concejal, que lo ejemplifica de una sencilla manera: «les damos el pez, pero también les enseñamos a utilizar la caña para que salgan de esa situación y puedan valerse por sí mismos».

De todas las personas que solicitaron estas ayudas en 2014, el 68% fueron mujeres, si bien la mayoría representaban a varios miembros de una familia, en muchos casos con niños, requiriéndose que estén escolarizados y que vayan al colegio para evitar una situación de absentismo.

Menos solicitudes

 

Cada año la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento consignan para las ayudas de emergencia una partida máxima de 150.000 euros, si bien en los últimos ejercicios el gasto no ha superado los 70.000 euros, registrándose en 2015 un descenso de un 23% en las solicitudes recibidas.

Esto no significa que la situación de las familias haya mejorado, sino que «se han abierto otras líneas de ayudas, como la que se da para pagar el alquiler, y también se mantienen convenios con otras entidades como Cáritas o Cruz Roja que tienen programas para el pago de suministros energéticos o medicamentos», detalla Gómez. La «tendencia» es que en estos próximos años las ayudas de emergencia disminuyan.

Desde Servicios Sociales se pone de manifiesto que la situación que atraviesan muchas familias mirandesas «es complicada», aunque considera que es «extrapolable» a la que hay en otras localidades. A juicio del concejal, es importante «no centrarse tanto en lo que hay de necesidad, sino en los recursos que tenemos. Haya la necesidad que haya en Miranda, las familias van a estar atendidas», concluye Pablo Gómez.