Cuando a finales del pasado mes de mayo detuvieron en su domicilio de Gamonal a B.F.M., sus vecinos se asomaron a los balcones y comenzaron a aplaudir y a vitorerar a los agentes. Esa imagen daba a entender que las personas que vivían en la zona de Lavaderos sabían de sobra que su piso era uno de los puntos negros de droga en el barrio. La Policía Nacional llevaba semanas siguiéndole, las últimas del confinamiento, y constató que por este lugar pasaba mucha gente y todo indicaba que a comprar sustancias. Allí encontraron speed y cannabis. Ahora el Ministerio Fiscal solicita para él siete años de cárcel y una multa de 60.000 euros. El juicio se celebrará el 11 de enero en la Audiencia Provincial. 

Según consta en el escrito de la acusación pública, la vigilancia del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría provincial comenzó a principios del mes de mayo. De hecho, fue el primer punto negro que desarticuló tras el confinamiento de la población por el coronavirus. A pesar de que aún estaba en vigor el estado de alarma, por el piso de B.F.M. pasaban a diario varias personas. Los agentes observaron el día 11 cómo un individuo llamaba al portero automático, subía al domicilio y a los pocos minutos salía de allí. Esta operación la repitió más gente en las jornadas sucesivas. 

El día 28, un nuevo sujeto llamó al portero automático y subió al domicilio de la calle Lavaderos. Allí estuvo unos cinco minutos. Posteriormente salió junto al acusado y su pareja, si bien cada uno se fue por su lado al llegar a Santa Bárbara. Los agentes decidieron seguir al hombre que había acudido a la casa y salieron a su paso en la parada de autobús de la calle Vitoria, donde le identificaron. 

Esa misma noche, tras obtener una orden judicial, la Policía Nacional entró en el piso del procesado, donde encontró dos envoltorios de plástico que contenían una sustancia blanca y pastosa que resultó ser speed y que arrojó un peso de 1,6 kilos. También hallaron 18 gramos de cogollos de marihuana y otros 37 de hachís. El valor de toda esta droga en la calle, según estima la Fiscalía, hubiera sido de 18.146 euros. Los efectivos del Grupo de Estupefacientes detuvieron a B.F.M., que contaba con antecedentes penales aunque no computables en esta causa, y desde entonces se encuentra en prisión provisional. 

El Ministerio Público le considera autor de un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud pública. Solicita una pena de siete años de prisión y una multa de 60.000 euros. La defensa del acusado sostiene que la droga que encontraron en su domicilio no era para venderla y reclama la libre absolución.