Muchos órganos judiciales de Burgos se encuentran sobrepasados por el exceso de carga de trabajo, pero el nivel de saturación no llega ni de lejos al del Juzgado de Familia (Instancia número 7), que se ocupa de materias tan sensibles como los divorcios, la tutela de menores o las incapacidades. El volumen de asuntos que le llega cada año «duplica el módulo que fija el Consejo General del Poder Judicial para este tipo de órganos, cifrado en 1.000 asuntos», advierte el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León. Pero la Sala de Gobierno se queda corta en su descripción, pues en 2017 el juzgado burgalés ingresó 2.352 expedientes, bastante más del doble.

No resulta extraño por tanto que  su titular, Roberto Pérez Gallego, solicite un juez de apoyo, «dado el notable aumento de la carga de trabajo desde el año 2015». Como refuerzo ha ocupado la plaza una jueza en prácticas, pero el Consejo está a punto de entregar los despachos a los togados de la 68 promoción, a la que ella pertenece.  Y, por tanto, dejará ese puesto.

El TSJ comparte la necesidad de un  refuerzo «inmediato» por «la sensibilidad de la materia» que trata y porque es precisa «una respuesta urgente en numerosos asuntos». Además, incorpora como argumento los números que presenta una provincia como León, de cuya lectura solo puede considerarse que Burgos sufre un agravio comparativo en relación a ese territorio. Su juzgado de Instancia 10 -de Familia- llevó 1.941 asuntos en 2017, 400 menos que el burgalés. Ydesde 2015 en ningún ejercicio superó los 2.000 expedientes, cuando en Burgos se sobrepasaron en todas las anualidades.

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