El resumen que hacían los detractores de la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana incluso antes de su entrada en vigor hace seis años es que era un texto que reducía derechos a los españoles. Que en un contexto de crisis económica y una sociedad en continua lucha callejera, nacía con la vocación de sofocar las protestas. De ahí que no tardasen en colgarle la etiqueta de 'ley mordaza'. Había, sin duda, cuestiones que despertaban dudas, como la posibilidad de disolver reuniones de diez personas e incluso sancionarlas, o la prohibición de tomar imágenes de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero su aplicación práctica ha ido apagando las voces discordantes pues, dicen los expertos, a la hora de la verdad lo único que ha cambiado es que ya no hace falta pasar por el juzgado al cometer una infracción. Ahora se pasa 'por caja'. Porque en un lustro ha sido una herramienta para que la Policía pueda sancionar conductas reprobables de manera más eficaz, pero también para que el Estado recaude millones de euros por ello.
Desde 2015, en la provincia de Burgos la administración central ha ingresado 9,16 millones de euros en multas auspiciadas por la 'ley mordaza'. Una cantidad que ha ido creciendo a medida que han pasado los años hasta batir récord en 2020, un ejercicio claramente marcado por la covid-19 y la utilización de esta herramienta para castigar los quebrantamientos del confinamiento.
Pero al margen de cifras, el texto ya ha cumplido una edad prudencial que permite valorarla desde el punto de vista de utilidad para los dos Gobiernos que se han beneficiado de ella. Los que más han tenido que utilizarla son los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que ven la norma «eficaz» a la hora de poder sancionar conductas leves. José Manuel, inspector de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional, ve con buenos ojos que a día de hoy no sea necesario tener que ir al juzgado para, por ejemplo, tramitar una denuncia contra un individuo por un desacato a la autoridad. «Antes todo era Código Penal y eso siempre debe ser la última opción. Con esta ley es todo más rápido, menos lesivo para el ciudadano y no aporta tanta carga a la administración», apunta.
El intendente jefe de la Policía Local, Félix Ángel García, también se apunta a esta opinión, pero matiza que en cuestión de seguridad para los agentes las cosas no han mejorado en exceso. Básicamente porque a pesar de que la norma pretendía proteger más a los efectivos policiales, advierte que con el paso del tiempo se ha demostrado «que las agresiones siguen siendo las mismas o incluso más». Cree, asimismo, que una sanción administrativa es en ocasiones «menos disuasoria» que una penal.
A nivel jurídico, los expertos en derecho indican que la Ley de Seguridad Ciudadana es «mejorable» en algunos artículos, pero en líneas generales consideran que ni se han reducido los derechos, como vaticinaban los más críticos, ni tampoco ha cambiado excesivamente la que existía con anterioridad. «El actual Gobierno fue muy crítico en la oposición, pero lleva casi cuatro años en el poder y no la ha derogado. Eso quiere decir que es útil», apunta el decano del Colegio de Abogados, Guillermo Plaza. El penalista Juan Carlos Bañuelos completa esta tesis al subrayar que «a todos los Estados siempre les interesa tener cierto control».