Los trámites judiciales en el proceso denominado caso Arandina, en el que se ha condenado a penas de 38 años de prisión a cada uno de los tres acusados de agredir sexualmente a una menor de 16 años, sigue su curso. La Audiencia Provincial de Burgos ha admitido a trámite los tres recursos presentados por los abogados de los exfutbolistas, Carlos Cuadrado, Lucho, Víctor Rodríguez, Viti, y Raúl Calvo, contra la sentencia comunicada el pasado 12 de diciembre y se los ha remitido ya a todas las partes, en este caso, a las acusaciones, que tienen un plazo de diez días para impugnarlos si consideran oportuno. 

Este plazo concluiría el próximo 27 de enero, momento en el que, ya con todos los posicionamientos, se daría traslado al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) para que sean sus magistrados los que se pronuncien en torno a los fundamentos jurídicos argumentados en los recursos. Según el ritmo al que se producen estos procesos, fuentes cercanas al caso apuntan a que hasta mediados del próximo mes de febrero no se espera que el TSJ empiece a valorar toda la documentación aportada, tanto del proceso judicial como de la sentencia y los recursos y escritos de impugnación, si los hubiere, antes de emitir el correspondiente auto en respuesta a la postura de los letrados de los condenados.

Aunque aún no ha trascendido el contenido de los tres recursos, que cuentan con una profusa argumentación y se extienden entre las 90 y las 150 páginas, estas mismas fuentes del entorno del proceso judicial estiman que los tres irán en la misma línea, solicitando la revocación de la sentencia o la nulidad de la misma. En cuanto a las razones que se pueden esgrimir para esta petición, podrían fundamentarse en la infracción de ley, al considerarse que no se ha podido probar la intimidación a la víctima, o insistirse en la línea de defensa durante toda la instrucción del caso y el posterior juicio: que los hechos denunciados no sucedieron.

Los abogados de los tres acusados completaron la redacción de sus respectivos recursos y los registraron el pasado 27 de diciembre y, hasta ahora, no se han admitido a trámite, dando una medida de los plazos dilatados con los que trabaja la Administración de Justicia. Este es un nuevo capítulo de un proceso que comenzó con la denuncia presentada el 11 de diciembre de 2017 por la víctima.