Solo seis de cada 100 personas vulnerables de Castilla y León, que cuenta con una tasa de riesgo de pobreza del 25,1 por ciento, son perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el nuevo derecho subjetivo que puso en marcha el Gobierno en junio del año pasado con el objetivo de ayudar económicamente a los más desfavorecidos. El porcentaje de la cobertura del IMV con respecto al riesgo de pobreza en la Comunidad (5,93%) es de los más bajos del conjunto de España, ya que solo Cataluña (4,91%), Canarias (5,55%) y Baleares (5,82%) presentan cifras inferiores. Por el contrario, destaca Navarra, que cuneta con una cobertura del 22,2%. La media nacional se situó en el 8,22%, según un estudio de la Asociación de Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales recogido por Ical.

Con datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el informe de la entidad asegura el Ingreso Mínimo Vital solo se ha aprobado para 800.000 personas, poco más de una tercera parte (35%) de los beneficiarios previstos por el Gobierno, que era 2,3 millones personas que viven en la pobreza extrema en el país.

En la Comunidad, las personas que cobran el IMV superan ya a las beneficiarias de las rentas mínimas (118%, tres puntos más que la media de España). El informe señaló la «gran» disparidad entre territorios.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, reclamó ayer que el Ingreso Mínimo Vital vincule a sus 15.866 preceptores en la Comunidad a «un proyecto de vida o un programa individualizado para su inserción socio-laboral», como recordó ya está previsto en la Renta Garantizada de Ciudadanía. Blanco señaló así que esa falta de vinculación del IMV con la obligación de aceptar ofertas de trabajo o la realización de itinerarios de inserción está «provocando la falta de viabilidad de las medidas de la Junta para promover la inserción laboral y la búsqueda de empleo».