El incremento de denuncias por agresiones y abusos sexuales no quiere decir que de un tiempo a esta parte haya más comportamientos violentos. Es, simplemente, que ya no se toleran actitudes que se habían normalizado. Que las víctimas han perdido el miedo. Esto es algo que aclaran los agentes las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se encargan de investigar este tipo de delitos, los cuales se resuelven prácticamente en su totalidad. La razón, más allá de un compromiso firme de las comisarías y comandancias, está en que los autores suelen ser familiares o personas cercanas.
Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, el 90% de los delitos sexuales se resuelven. En el año 2020, se presentaron 65 denuncias por hechos de este tipo de las cuales se esclarecieron 56 y terminaron todas judicializadas. Tanto desde la Guardia Civil como desde la Policía Nacional, insisten en que la rapidez en la que actúan los investigadores es el primero de los pilares sobre los que se sustentan estas estadísticas tan positivas.
«Pese a que Burgos es una provincia muy extensa, todas las actuaciones de violencia de género y abusos son prioritarias para nosotros. Esto nos obliga a desplegar muchas unidades para tratar de dar lo antes posible con el agresor que, por lo general, suele ser próximo a la víctima», señala José Manuel Garrido, capitán de la Policía Judicial de la Guardia Civil.
Es algo con lo que coinciden desde la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional (UFAM). «El autor de un delito sexual no es un tipo que se oculta en una zona oscura y espera a sus víctimas para forzarlas. Eso son casos muy aislados, más aún en una ciudad pequeña. Actualmente estamos hablando, por ejemplo, de compañeros de piso, amigos, conocidos o incluso familiares que, principalmente de noche, aprovechan una situación de vulnerabilidad para abusar de una mujer», subrayan.
En este sentido, tanto desde Guardia Civil como desde la Comisaría Provincial acotan aún más los casos más habituales: abusos de un conocido en una noche de copas o la agresión de un familiar. Situaciones que hasta hace no mucho permanecían prácticamente ocultas o que se resolvían en un entorno privado, pero que ahora se denuncian con mayor frecuencia.
«Son casos que se resuelven muy rápido porque nada más ponernos sobre la pista del autor damos con él enseguida. Normalmente suelen colaborar y reconocen los hechos», apunta Garrido. De hecho, según la memoria de la Fiscalía la mayoría de asuntos de este tipo terminan en acuerdo entre las partes. Eso no quiere decir, cabe matizar, que sean conscientes de que lo que han hecho supone un delito, y es algo que preocupa, y mucho, a las asociaciones de protección de víctimas.
Porque el no entender la gravedad que supone aprovecharse de la vulnerabilidad de una mujer para abusar sexualmente de ella, da pie a una revictimización. Y precisamente esta es otra de las cuestiones que tratan de evitar los agentes policiales. «La protección de las denunciantes es esencial. Tenemos que intentar que se sientan apoyadas y evitar que se las siga juzgando, porque son precisamente ellas las perjudicadas», insiste el capitán de la Policía Judicial de la Guardia Civil.
Es por eso que los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen formándose tanto en la investigación de esta tipología penal como en el tratamiento a las mujeres que lo sufren. También se están adaptando las instalaciones de los cuarteles y las comisarías para crear un entorno acogedor en el que la mujer no se sienta incómoda, sino protegida.
Pese a la pandemia, los datos del Ministerio del Interior reflejaron el pasado año una cifra de denuncias y de hechos esclarecidos muy similar a la de años anteriores. La tendencia en 2020, por tanto, se estabilizó tras varios años en los que los delitos sexuales estuvieron disparados.