Aunque con las limitaciones propias de la situación sanitaria, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social mantuvo su actividad de control de la economía burgalesa durante el pasado ejercicio. Prueba de ello son los más de 4 millones de euros en sanciones por incumplimientos tramitadas en sus diferentes campos de actuación, el afloramiento de 636 empleos ilegales o la obligación de transformar 631 contratos temporales en indefinidos, una de las irregularidades más habituales.

Así lo recoge la Memoria Anual del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES), donde llama la atención con respecto a años precedentes que el número de visitas a las empresas se redujo en un 42% durante el ejercicio marcado por la pandemia. Así, en materia de relaciones laborales (condiciones de trabajo) se realizaron 259 visitas, lejos de las 449 del pasado año, porque una parte importante de las mismas se centran en el sector de la hostelería, prácticamente inactivo durante 2020.

Pese al descenso de la presencialidad de los inspectores y subinspectores, las actuaciones en materia laboral crecieron un 67,3% (2.166) y también las infracciones, un 13,2%, con 163  tramitadas por un importe total de 159.355 euros. Además, fruto de esta actividad, se transformaron 631 contratos en indefinidos, un 22,3% menos que el pasado año.

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