Todos los partidos políticos, salvo Vox, han apoyado este martes de manera unánime en el Parlament balear la validación del decreto ley del Govern para poner fin al turismo de excesos y borracheras en tres zonas turísticas de las Islas Baleares, y el balconing en todos los hoteles del archipiélago.

En concreto, este decreto ley prohíbe en las zonas de la Playa de Palma y Magaluf en Mallorca y el West End de Sant Antoni de Ibiza el llamado turismo de borrachera y excesos y contempla la expulsión de cualquier hotel de las islas de los turistas que practiquen el balconing, que se enfrentan al pago de multas de hasta 60.000 euros.

Los partidos del Govern balear presidido por la socialista Francina Armengol (PSIB, MÉS, Unidas Podemos y Gent per Formentera) han logrado el apoyo de casi toda la oposición (PP, Cs y El Pi).

Los tres diputados Vox han sido los únicos que han votado en contra del decreto de excesos. Su portavoz parlamentario, Jorge Campos, ha sostenido que su partido comparte el objetivo de poner fin al turismo incívico, pero se trata de un decreto ley "discriminatorio" que solo afecta a determinas zonas y que es "chapucero" en su redacción.
Además, ha augurado, supondrá el cierre de hoteles, restaurantes y bares en esos puntos turísticos, donde se perderá el 10% de los empleos. "Ésta no es la forma de hacerlo, ésta es la forma de perjudicar al sector turístico de las Islas Baleares", ha aseverado.

La norma prohíbe en estas tres zonas la publicidad referida al consumo de alcohol y las barras libres, las excursiones etílicas (el llamado pubcrawling), las happy hours, los 2x1 ó 3x1, los autodispensadores de alcohol, así como la venta de bebidas alcohólicas en tiendas entre las 21,30 y las 8,00 horas.

Los turistas que practiquen o permitan el balconing -saltar de un balcón a otro o lanzarse desde la terraza a la piscina- en cualquier hotel de Baleares podrán ser expulsados "inmediatamente" del establecimiento en cuestión y se enfrentarán a multas de entre 6.001 a 60.000 euros. El hotel tiene la obligación de que no continúen alojados. Además, la ley limita las denominadas party boats.

Con ocasión del debate, el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha defendido que esta normativa era "necesaria, pionera y es una apuesta por la calidad", y ha desechado las "imágenes" que se emiten cada verano de algunos destinos de Baleares de borracheras, peleas, abusos, precipitados y destrucción del mobiliario urbano.

El objetivo, ha aclarado, no es recaudar dinero a través de las multas que se impondrán, sino poner fin a este tipo de conductas que hay que "erradicar" de manera inmediata.

Esta ley tiene una vigencia de 5 años, se aplicará este verano y respetará los contratos ya firmados entre turoperadores y hoteleros para evitar cualquier situación de inseguridad jurídica.