El Ministerio Fiscal pide tres años de cárcel para A.A.A.G, que ejerció las funciones de secretario del colegio público Antonio Machado de Burgos, por un delito de apropiación indebida y falsedad documental. Le acusa de haber cobrado de manera fraudulenta cinco cheques con un valor total de 8.658,24 euros, un dinero que iba destinado a sufragar los gastos del centro. En ocasiones, según el escrito de acusación, llegó incluso a falsificar la firma de la directora para poder hacer efectivos los cobros. Su defensa alega que durante los más de veinte meses en los que repitió la ilegalidad se encontraba en tratamiento psiquiátrico por una depresión. El juicio tendrá lugar el próximo 23 de enero en la Audiencia Provincial.
La Fiscalía enumera una serie de episodios en los que el acusado cobraba los cheques para integrarlos en su patrimonio. El primero de ellos se produjo el día 20 de marzo de 2013, cuando acudió sin autorización a la entidad financiera para retirar un cheque de 1.218,07 euros cumplimentado y firmado por la directora del centro con el fin de efectuar diversos pagos propios del colegio. Casi un año después, repitió la maniobra y se apropió de otros 1.302 euros.
El escrito de calificación señala también que en junio de 2014 A.A.A.G., de su puño y letra, simuló la letra y la firma de la directora del centro y cumplimentó otro cheque por importe de 2.152,92 euros e hizo efectivo el cobro. Esta maniobra la realizó en otras dos ocasiones más, una el 3 de noviembre de ese año por importe de 1.988,51 euros y otra el 27 del mismo mes por 1.996,74. En total, los 8.658,24 euros por los que el Ministerio Público le acusa de un delito continuado de falsedad en documento mercantil efectuado por funcionario público, apropiación indebida y estafa. Concurre, no obstante, la atenuante de confesión del hecho y también de reparación del daño, pues el acusado restituyó todo el dinero supuestamente sustraído.
La defensa explica en su escrito que en el periodo en el que se produjeron las fraudulentas operaciones el acusado atravesaba una complicada situación económica, ya que mantenía a un hermano que se encontraba en situación de desempleo y a su madre. Asimismo, tuvo que asumir una serie de derramas de su comunidad de vecinos. Esto motivó las acciones por las que se enfrenta a una pena de prisión.
Por otro lado, el letrado explica que durante esas fechas su defendido se encontraba en tratamiento psiquiátrico al sufrir una depresión que se remontaba, al menos, hasta 2010, y llevaba años tomando pastillas como consecuencia de la ansiedad e inquietud que le generaba su situación personal y su estado de salud. Del mismo modo, como consecuencia de los hechos por los que será enjuiciado solicitó una baja por enfermedad y a día de hoy está incapacitado para trabajar debido a que padece párkinson.
La defensa solicita la libre absolución al considerar que su representado no cometió delito alguno. No obstante, en caso de que el tribunal sí considere probada la infracción, pide que se tenga en cuenta su enfermedad a la hora de eximirle de la culpa.