Cáritas volvió a denunciar este jueves que la exclusión social se está volviendo estructural en esta provincia y lo hizo con datos tan contundentes como que el 55% de las familias a las que apoyaron en 2019 tuvieran hijos a su cargo. «Es una barbaridad», señaló la responsable de Acción Social en la entidad, María Gutiérrez, puntualizando que el 17% de ellas eran monoparentales. «Este tema nos preocupa mucho, porque el 17% de las familias españolas no son monoparentales. Y quiere decir que es una circunstancia que te coloca en una situación de pobreza», remachó, apoyándose en otro dato también demoledor: en el 23% de los hogares a los que apoyaron el año pasado tenían, al menos, un salario. «El trabajo ya no cumple su función natural de proporcionar una vida digna; los salarios son bajos y los costes fijos de mantener a una familia se han elevado, así que si solo hay un sustentador, se está condenando a esa familia», afirmó.
Cáritas divulgó este jueves su memoria del 2019; un documento de una veintena de páginas que, tras el maremágnum de la pandemia, puede haberse quedado algo descontextualizado en su reflejo de la vulnerabilidad social. Y no porque la pandemia haya introducido cambios para mejor. La entidad suele presentar la síntesis de su trabajo en un acto con medios de comunicación, pero este año se ha visto obligada a enviarlo por correo electrónico, con apuntes como el del delegado diocesano, Fernando García, quien concluye que «el año pasado tendría que haber sido el de la recuperación plena, pero seguimos viendo precariedad en el empleo, dificultades crecientes para los más vulnerables en el acceso a la vivienda y unas medidas sociales y económicas que no acaban de funcionar. Lo visto durante la pandemia a nivel social no es más que lo que Cáritas y otras entidades llevamos años denunciando».
Son muchos los datos significativos de la memoria de 2019, pero destaca la cifra creciente de personas atendidas: 9.877, frente a las 8.900 de 2018. Esta colaboración tuvo una repercusión directa en 15.221 personas (13.124 en 2018), de las cuales la mayoría son niños y adolescentes a cargo de mujeres, las más de las veces solas.
El perfil de la persona en riesgo de exclusión en 2019 se completa con otros datos como que el 54% de los hogares atendidos carecieran de todo tipo de ingresos y que un 21% vivieran de las prestaciones sociales.
Ingreso mínimo vital. Pero detrás de las cifras hay personas a las que en la entidad de la Iglesia católica conocen por nombre, apellido y circunstancias personales. Y esa es la principal razón de que sean firmes defensores de la puesta en marcha de prestaciones como el recién aprobado ingreso mínimo vital a la vez que apuestan por una mayor promoción de las políticas activas de empleo.
«El ingreso mínimo vital es positivo para combatir la pobreza severa, que nosotros conocemos. Quien no tiene sus rostros en mente puede hablar de ello de forma impersonal, pero nosotros creemos que es una medida importante y necesaria», dijo Gutiérrez, señalando que ya había rentas garantizadas de ciudadanía autonómicas, pero dispares. «Una medida estatal es más justa y reducirá la pobreza, pero creemos que no es incompatible con el trabajo por un empleo de calidad».