Evitar la emisión de 126.000 toneladas de gases efecto invernadero (CO2) a la atmósfera cada año, lograr un ahorro estimado de 16,5 millones de euros solo en el secano burgalés cada campaña de cereal y cumplir con los requisitos medioambientales exigidos para optar a la totalidad de las ayudas de la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) a partir de 2023. Estos son los desafíos que plantea el proyecto de investigación pionero desarrollado desde hace tres años por un grupo de agricultores de la Cooperativa Bureba Ebro, que han puesto 600 hectáreas de cultivo a disposición de la empresa tecnológica burgalesa aGrae, nacida en el seno de la UBU, para experimentar con todas sus consecuencias los beneficios de la fertilización variable y la limitación de un abonado indiscriminado que está saturando los campos y contaminando suelos, ríos y acuíferos. 

El experimento, al que el pasado año se sumaron la UBU y el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), se inició en la campaña 2018-2019 en una superficie de 60 hectáreas repartidas por las comarcas de Belorado, Valle de Tobalina y Miranda de Ebro y ocupadas por diferentes tipo de cultivo. 

Ese suelo fue mapeado y analizado concienzudamente por los ingenieros agrónomos de aGrae para determinar su calidad y sus niveles de nutrientes. Para ello se sondeó la totalidad de las parcelas con un sensor especializado en medir la conductividad eléctrica aparente, dato relacionado con la textura de cada suelo. Básicamente, los más arcillosos retienen más nutrientes que los arenosos. 

A partir de los datos obtenidos por los sensores y analizados en laboratorio, se han realizado las prescripciones de fertilización variable a la carta para cada parcela, cada agricultor y acordes al comportamiento del clima en cada campaña. 

«Es sencillo -explica el ingeniero Jorge Miñón-, con los datos obtenidos damos a cada parcela el abono que necesita uniendo tecnología y mucha agronomía». Además de sus tierras, los siete agricultores participantes en esta experiencia han tenido que invertir para adaptar tecnológicamente su maquinaria (GPS, tratamiento de datos, etc.), para que la analítica de los suelos se acompase con precisión al funcionamiento de sus abonadoras en cada ubicación del terreno. 

Tres años después, las hectáreas que se abonan de acuerdo a las necesidades reales del suelo se han multiplicado por diez y la idea es que la experiencia se extienda progresivamente a, al menos, las más de 100.000 que se cultivan con cereal en la provincia cada campaña, aunque el experimento empezó con cereal, girasol y adormidera y continúa con legumbres, soja, etc.

Los participantes aseguran que han logrado reducir entre un 20% y un 30% el volumen medio de abono empleado, lo que supone reducir una factura que puede alcanzar los 300-400 euros por hectárea y campaña. Los ahorros logrados se sitúan entre 50 y hasta 100 euros por hectárea, «manteniendo sin cambios hasta la fecha las producciones y los rendimientos». 

«El proyecto busca optimizar el uso de los fertilizantes, reduciéndolo donde no se necesitan y aumentándolos donde sí, descartando la idea muy arraigada entre el agricultor de abonar más las zonas malas para igualarlas a las buenas. Es un proyecto que ha necesitado varias campañas, porque a partir de los 3 años se ve una continuidad en los nutrientes del suelo».

Se ha constatado, a través de los sondeos anuales de entre 20-30 centímetros de profundidad, el abuso habitual en la aplicación de algunos nutrientes como el fósforo, un mineral del que se disponen de reservas muy limitadas en Europa, o del nitrógeno.

La investigación se realiza bajo el amparo de la Cooperativa Bureba Ebro, que reúne a 200 productores y más de 20.000 hectáreas de cultivo en la provincia. La sociedad, que cuenta con una planta de fabricación de abonos compuestos en Miranda, es la que abastece de fertilizantes a la carta a los agricultores, de acuerdo a las necesidades testadas de cada suelo y cada cultivo mediante las técnicas de agricultura de precisión. 

En concreto, se elaboran dos tipos de abonos para la zona de Belorado y para la del Valle de Tobalina, respectivamente, compuestos que se utilizan tanto en el momento de la siembra (en fondo) como para una o dos coberteras durante la germinación.

Europa. Lo que se está haciendo en tierras de Belorado, Miranda y Tobalina se anticipa a la exigencias medioambientales de la PAC en el periodo 2021-2027. «Cuanto más eficiente es el agricultor en el uso de los fertilizantes, menos huella de carbono se genera, menos gases de efecto invernadero se emiten a la atmósfera, entre un 8% y un 26% menos», apunta el responsable de Agrae, Jorge Miñón.

La PAC va a imponer los eco-esquemas, contratos que firma el agricultor para, por ejemplo, reducir el uso de fertilizantes hasta un 20% en un plazo de 3-4 años y que serán efectivos en las declaraciones a partir de 2023. Los eco-esquemas condicionarán los cobros íntegros de las ayudas de la Unión Europea.

«El verdadero agricultor no contamina, mantiene el entorno y, a diferencia de lo que se denuncia habitualmente, la nueva PAC pondrá en valor a ese verdadero agricultor», aunque -matizan- habrá que exigir los mismos criterios medioambientales a aquellos países a los que Europa compra alimentos.