«Demasiada suerte hemos tenido si nos atenemos a los medios con los que contamos». La reflexión de los sindicatos sobre la situación en el Centro Penitenciario de Burgos es lapidaria. La covid-19 se ha mantenido, salvo en contadas excepciones, fuera de los barrotes de la cárcel. Y menos mal, porque los problemas de personal no solo afectan a los funcionarios de interior, sino también a los sanitarios. Hace aproximadamente un año que se jubilaron los dos últimos médicos que contaban con plaza fija y desde entonces solo hay un persona de manera interina. Eso significa que durante toda la pandemia han estado en esta situación tan precaria. Instituciones Penitenciarias ha destinado una partida de 9.600 euros para la contratación de un doctor externo, pero esta medida no soluciona nada, pues solo cubre los días libres y las bajas del que está en la prisión.
La situación no es nueva, sino que es algo que ya venían denunciando tanto la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) como la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip). Fuentes de este segundo colectivo recuerdan que hasta hace no mucho el centro de Burgos contaba con cinco médicos. Poco a poco, se fueron jubilando sin que el Estado les diera un reemplazo. Finalmente, el año pasado se jubilaron los dos últimos, de manera que solo quedó una persona interina.
«Cualquiera se puede hacer a una idea de lo que supone tener un solo médico en plena pandemia para más de 300 internos», alertan desde Acaip. Y es que, añaden, «el problema de personal es acuciante en funcionarios de vigilancia y en médicos, pero en la asistencia sanitaria lo cierto es que la situación es caótica». La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias está resolviendo las bajas que se les presentan con interinos, porque no están convocando plazas fijas y, cuando lo hacen, no hay suficientes candidatos debido a las malas condiciones económicas. En el caso de Burgos, tratan de tapar las carencias con el doctor externo a tiempo parcial que acude unas tres veces al mes por la tarde.
Competencia regional. Algo que podría solucionar la problemática que a nivel sanitario tienen muchas cárceles de España, entre ellas la de la capital, sería la asunción de las competencias por parte de la Junta de Castilla y León, como ocurre en otras comunidades autónomas, como el País Vasco o Cataluña. Es decir, que fuera el Sacyl quien sufragara los costes de la asistencia médica en los centros, a los que destinaría personal como si fuera un ambulatorio.
El sindicato CESM, que denuncia que con esta diferencia entre comunidades se incumple la Ley de Calidad y Cohesión, lleva tiempo alertando de que los profesionales no quieren trabajar en las cárceles. Sin ir más lejos, de las 31 plazas que salieron en una de las últimas convocatorias solo se presentaron 12 candidatos. La principal razón es económica, pues existe una gran distancia salarial entre los médicos que atienden en las prisiones y los de otras áreas. De hecho, en la agrupación estiman que un sanitario de un centro penitenciario cobra casi 20.000 euros netos menos al año que uno que lo hace en Atención Primaria.