La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha dado la razón al Ayuntamiento de Burgos al ratificar que es adecuada la Oferta de Empleo Público que aprobó en mayo de 2018 para poder convocar 25 plazas de conductor en el Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (Smyt). La sentencia no reconoce la pretensión de los 50 chóferes de autobús urbano que acudieron a los tribunales, en un recurso de apelación conjunto, para que se anulara ese acuerdo y se les reconociera como personal laboral fijo. Por tanto, hasta que no haya una instancia que diga lo contrario se les seguirá considerando, según la situación particular de cada uno, como interinos o indefinidos no fijos.
Para ser exactos, el TSJ no entra a valorara condición jurídica de cada trabajar ya que, al igual que el pronunciamiento en primera instancia, lo que hace es refrendar la autoridad del Ayuntamiento para aprobar esa Oferta de Empleo Público. Pero del trasfondo de la sentencia se desprende que los trabajadores no han logrado su principal pretensión, que no era otra que se les reconozca su condición de personal laboral fijo. De hecho, su argumento en los tribunales era que esas plazas que se quieren convocar eran de su propiedad.
Esta situación que se acaba de dar con los conductores de los autobuses urbanos se ha dado también con otra sentencia del TSJ que desarrolla el mismo hilo argumental para afirmar que también era procedente la Oferta de Empleo Público que se aprobó para cubrir 12 plazas de interinos del Servicio Municipalizado de Deportes.
¿Qué es lo que puede suceder a partir de este momento? La situación es idéntica tanto para los trabajadores del Smyt como de Deportes. El secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Marcos Citores, apunta que en este momento existen dos opciones. La primera de ellas es que el Ayuntamiento, mediante un concurso de oposición, inicie un proceso de consolidación para cubrir esas plazas antes de que la Oferta de Empleo Público caduque (lo hace a los 3 años). Para ello, será necesario negociar unas bases en las que el dirigente sindical no oculta que se debería de valorar la experiencia profesional de estos trabajadores. Dicho de otra manera, que no se les compliquen sus aspiraciones para obtener la plaza de un puesto en el que, en muchos casos, pueden llevar más de 20 años.
Si no se avanza con esa convocatoria, Citores reconoce que se presenta «un problema» de dimensiones desconocidas. Podría ser que no ocurriera nada, pero también que el Ayuntamiento tenga que amortizar las plazas y esos trabajadores pierdan su puesto de trabajo.
Los trabajadores alegaron en el juzgado un «flagrante fraude» en el «abuso de la temporalidad para cubrir necesidades estructurales».