Los juzgados se sobreponen de forma paulatina al parón que sufrieron durante el confinamiento del primer estado de alarma del año pasado y recuperan el ritmo en la resolución de asuntos y en los señalamientos. Ahora bien, hay jurisdicciones que arrastran desde hace años una carga de trabajo superior a los niveles máximos que establece el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, de ninguna manera, han mejorado durante los últimos meses de pandemia, más bien al contrario.

Los órganos de los órdenes social y penal están señalando juicios para dentro de un año y nueve meses respectivamente, tiempos que hay que acortar a toda costa porque se trata de ámbitos muy sensibles, que afectan a personas que han perdido su trabajo o que han sido víctimas de algún delito y no ven resarcido su quebranto, ya sea físico o económico.

El Ministerio de Justicia está ampliando la planta de Burgos, con la creación de dos juzgados en los últimos años, el octavo de primera instancia y el noveno, que se ha dedicado finalmente a familia y ha comenzado su andadura este mismo verano. Ninguna queja al respecto, porque sobre todo este último era más que necesario, si bien nace con el déficit de carecer de un equipo psicosocial adscrito, que es donde se atascan la mayoría de casos que tienen que ver con la valoración de la situación por la que atraviesan los menores en los casos de divorcios y separación. Sin embargo, el Gobierno central se ha olvidado de reivindicaciones también viejas, en especial la de la creación del cuarto juzgado de lo social.

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