«Ya te llamaremos», ha sido la frase que más veces ha escuchado Emilia Martín-Portugués en el año y medio que lleva pendiente de una terapia en la Unidad del Dolor del HUBU que le permita controlar sin analgésicos opioides el desgaste crónico de cervicales y clavículas por el que tiene una discapacidad del 34%. Tanto repetirle las mismas palabras sin aportarle soluciones en paralelo, optó por  poner dos quejas en Atención al Paciente que, primero, le permitieron enterarse de que le habían dado el alta sin verla y sin comunicárselo y, después, le abrieron las puertas de la esperada consulta. «Al menos, me dieron una explicación, pero sigo sin tratamiento y consumiendo opioides», lamenta esta mujer, que denuncia la «pésima organización de la asistencia en este hospital».

Todo empezó en 2017, con un dolor paralizante en los brazos, que no solo le impedía ejercer su profesión como autónoma -tuvo que cerrar su peluquería-, sino también las actividades cotidianas como madre de dos niños pequeños. Tras múltiples citas y pruebas con varios especialistas, obtuvo una de cal y otra de arena: se encontró la causa de su malestar, pero también supo que no tenía solución. «Si el desgaste fuera en una rodilla o en la cadera, hay prótesis, pero para la clavícula no hay nada», dice, señalando que otro tanto sucede con las cervicales. La única opción es el tratamiento para el dolor. La derivaron a la unidad especializada del HUBU, donde la llevaba un médico ya jubilado. «La última consulta con él fue el 11 de junio de 2019, cuando me dijo que me ponía en lista para un tratamiento con plasma. No cura pero quita algo el dolor y los opiáceos que estoy tomando», explica la afectada, recordando que, ya entonces, el facultativo le dijo que la demora era larga, «de seis a ocho meses».

médico jubilado. Transcurrido el plazo fue a preguntar, le informaron de que su médico se había retirado y que tenía por delante otro año. En ese momento irrumpió el coronavirus y buena parte de los pacientes en lista quedaron en un limbo asistencial. «Mis dolores siguen, con pandemia y sin ella. Y los opioides también», dice, para añadir que en septiembre se hartó y fue a preguntar. La respuesta fue que «eso ya no se hacía» y, ahí, puso la primera queja. 

Al cabo de unos días la llamaron para darle fecha y hora de consulta en Rehabilitación y, para su sorpresa, cuando llegó el día indicado (9 de octubre) en el servicio negaron que la hubieran llamado. «Cogí el móvil, rellamé al número registrado y, obviamente, sonó su teléfono», dice, para ejemplificar «la penosa organización asistencial». Ante la evidencia, una facultativa que ya la había tratado en 2017 la atendió y le informó de que la única alternativa era derivarla a la Unidad del Dolor. Así se enteró Martín-Portugués de que había sido dada de alta sin su conocimiento. «No entiendo que porque el médico se jubile, desaparezcan sus pacientes», critica la afectada, que a continuación puso la segunda queja. 

Solo entonces la citaron de nuevo en la Unidad del Dolor y, aunque agradece la explicación del especialista que la atendió sobre la demora para el tratamiento con plasma (conlleva riesgo de complicaciones en caso de infección por coronavirus), sigue sin solución para el consumo continuado de opioides. «Me han propuesto una terapia analgésica alternativa, pero aún sin fecha», concluye esta mujer, reivindicando un trato «más humano» para el dolor.