«Yo siempre he dicho una cosa en la que no tengo más remedio que ser muy explícito. Donde el lobo cause daños o ponga en peligro la vida humana, el lobo debe ser controlado (…) Resulta absolutamente incongruente y un tanto utópico tratar de defender al lobo donde causa daño a la economía humana (…) Donde no los pueda haber, que se controle». Es un extracto de una entrevista publicada en 1976 en Diario Vasco. Una entrevista a Félix Rodríguez de la Fuente. Pero ese control por el que abogaba la persona que más ha hecho por los lobos en España ya no se va a poder realizar porque el Ministerio de Transición Ecológica lo ha incluido en el Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial, lo que en la práctica prohíbe la caza de este animal y pone a los ganaderos en extensivo de la mitad norte de España en una situación nada envidiable.
Hasta ahora, en los territorios situados al norte del Duero el lobo era considerado especie cinegética y, como tal, era sometido a una gestión en la que se incluían cupos de animales que se podían abatir. Al sur del río no se le considera pieza de caza, por lo que, cuando es necesario eliminar algún ejemplar por los daños al ganado u otros motivos es el personal de la Junta de Castilla y León quien se encarga de la labor.
Los ganaderos de esta zona sur, sobre todo en Salamanca y Ávila, con gran cantidad de explotaciones en extensivo, han visto cómo los daños al ganado crecían imparablemente en los últimos años. Las voces clamando por la consideración del lobo como especie cinegética también en esta zona para intentar paliar el problema se han dejado oír con asiduidad en los últimos tiempos.
Abandonados ante el lobo - Foto: Reyes MartÁnezSin embargo, la estrategia del Gobierno ha ido en sentido contrario, eliminando la posibilidad de cazar lobos en toda España. Además se ha llevado a cabo de una manera un tanto sorprendente, sin discutir la medida con las comunidades más afectadas y en un momento en el que el lobo parece gozar de un buen estado de salud como especie, dominando el área histórica del noroeste peninsular y expandiéndose (y causando cada día más daños) por otras áreas en las que hacía ya mucho tiempo que no se le veía, como Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura o País Vasco. Por supuesto, las reacciones a esta novedad no se han hecho esperar.
UPA La Rioja ha exigido la «dimisión inmediata» de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, «por traición a todos los ganaderos extensivos de España, tras excluir al lobo de las especies cinegéticas, con el grave problema que ello supone para la ganadería riojana». La organización, además, reclama «una explicación pública a la Consejería de Sostenibilidad y a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja sobre la postura favorable a la prohibición de caza del lobo adoptada en la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad». «La Rioja ha sido la única Comunidad Autónoma con presencia de lobo que se ha pronunciado en contra del criterio y de los intereses de sus ganaderos extensivos».
En Castilla-La Mancha, ASAJA ha lamentado la decisión del Ministerio de incorporar al lobo al Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, que «ha dejado patente que la cabaña ganadera española no es de su interés, ni de su competencia». Según la organización, sí parece haberle pesado más la demanda ante los tribunales presentada por parte de la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo (ASCEL), ante la primera negativa del MITECO en septiembre de incluir al lobo.
Restos de un ternero matado por los lobos. - Foto: ASAJA ÁVILAASAJA considera que si el lobo, cuya población se ha recuperado en los últimos años sin estar incluido en ningún catálogo de amenaza o peligro de la especie, va a ser objeto de una protección especial y una nueva estrategia para su gestión y conservación, la ganadería extensiva necesita con mucha más urgencia una protección especial para poder sobrevivir, a la vista de los censos de los últimos años en nuestro país. Resulta incomprensible que, por un lado, se esté intentando fomentar la ganadería extensiva por su contribución a la mitigación y adaptación al cambio climático a través de los ecoesquemas que puede incluir la futura PAC y, por otro lado, se desprecie con decisiones como esta que afectan a su supervivencia en muchas provincias españolas.
Lógicamente, desde ASCEL defienden la decisión de la Comisión y son partidarios de no matar un solo lobo, ni a través de actividad cinegética ni mediante controles poblacionales efectuados por la administración. Argumentan que según los dos censos oficiales existentes (1988 y 2014) la población de lobos apenas ha aumentado (294 grupos en 1988 y tres más en 2014), además de haber perdido el 10% del territorio ocupado. Sostienen que en algunas zonas está en regresión y que la caza desestabiliza los grupos familiares y como consecuencia aumenta la incidencia de ataques sobre el ganado. Abogan por que sea el ganadero quien se adapte a la presencia del lobo y por que se aporten los fondos públicos necesarios para que esta actividad siga siendo rentable.
Por su parte, Castilla y León, junto a Asturias, Cantabria y Galicia, mediante un comunicado conjunto, han rechazado de forma «profunda» la inclusión del lobo en el listado y han reclamado al Gobierno que abandone una iniciativa que daña «gravemente» los intereses generales de los ciudadanos de estas comunidades cuando lo que procede «no es dañar al castigado medio rural sino apuntalarlo, que es el camino contrario al emprendido».
Un grupo de lobos ibéricos. - Foto: Carlos Castro Europa PressLos directores generales de las cuatro regiones, en sus intervenciones, pusieron de manifiesto que por vez primera, un Ministerio lleva la propuesta de inclusión de una especie en el Listado de Protección Especial o el Catálogo de Especies Amenazadas sin haber logrado un consenso, especialmente de aquellas comunidades que albergan al 95% de la población, como es el caso. «Durante la reunión de la Comisión Sectorial, ni el Ministerio ni ninguna de las Comunidades Autónomas que han apoyado la propuesta ministerial han presentado documentos que avalen su postura o contradigan los informes técnicos que Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia han enviado al Ministerio y a las demás comunidades», añade el comunicado.
Agricultura, en contra.
Estas cuatro comunidades han encontrado apoyo en el Ministerio de Agricultura. Su titular, Luis Planas, se ha mostrado en desacuerdo con la decisión de su compañera de Transición Ecológica, aunque ha manifestado que la respeta: «no es una decisión de mi Ministerio». Para Agricultura, el nivel de protección actual del lobo era suficiente. «Comparto la preocupación de los ganaderos con la propuesta de que el lobo tenga una protección especial. Lo que hay que buscar es un justo equilibrio para mantener la biodiversidad y al mismo tiempo atender las demandas del sector”. En cualquier caso, ante esta situación se propondrá incluir un pago adicional en la PAC para ganaderos con riesgo de daños por grandes carnívoros, así como financiar con fondos FEADER diferentes medidas de protección (edificaciones, perros...) para el ganado. Además, Planas y Ribera se han comprometido a comparecer en el Senado para dar explicaciones, tal y como había solicitado C’s.
En ASAJA Castilla y León consideran que ese complemento de la PAC no es más que un dinero que se va a dejar de recibir por otra parte. Solo en la provincia de Ávila calculan que este año el lobo ha causado pérdidas a la ganadería por valor de cuatro millones de euros, de los que la administración solo ha abonado 600.000. Se quejan de que el Ministerio de Transición Ecológica es competente para proteger al lobo, pero luego le pasa la «patata caliente» a las comunidades autónomas para que gestionen las consecuencias.
Desde COAG lamentan que determinadas comunidades autónomas que no tienen que lidiar con este problema hayan condicionado el futuro de grandes áreas rurales de Asturias, Castilla León, Cantabria y Galicia. Sostienen que esta decisión revela una gran hipocresía, al defender por un lado un modelo de producción sostenible y políticas para revertir el despoblamiento de la España rural y por otro amenazar el desarrollo de la ganadería extensiva.
Fuentes de la Junta de Castilla y León admiten que la caza no parece ser un factor determinante, o al menos no más que otros, en el estado de las poblaciones de lobo. Citan el ejemplo de Portugal, donde su caza está prohibida pero el número de ejemplares no aumenta e incluso desciende, comparándolo con Castilla y León, en donde se le ha cazado hasta ahora en la zona norte pero ha mantenido poblaciones y se ha reproducido lo suficiente como para repoblar gran parte del territorio al sur del Duero, donando incluso animales a comunidades vecinas como Extremadura, Madrid o Castilla-La Mancha.
En UPA Castilla y León abogan por que el Gobierno transfiera las competencias sobre el lobo a las comunidades autónomas para que cada una lo gestione de manera independiente.
En cualquier caso, es evidente que los ganaderos están enfadados por una situación que consideran injusta. No parece que la caza que se ha estado llevando a cabo hasta ahora sea perjudicial para el lobo, a juzgar por los nuevos territorios conquistados y por el aumento continuo de los ataques en los últimos años; y más teniendo en cuenta que los cupos que se ponen cada año son más bien conservadores y nunca suelen matarse más del 50% o 60% de los animales autorizados. Lo que los titulares de las explotaciones quieren no es exterminar al lobo, ni dinero, ya que las indemnizaciones o los pagos de los seguros no cubren todas las pérdidas ni mucho menos; lo que quieren es tranquilidad y no levantarse cada mañana con el miedo de lo que pueden encontrar. Quieren una población lobuna sana, pero controlada. Sin embargo, en muchas zonas de España el manejo del ganado en extensivo se está haciendo poco menos que imposible.