El Juzgado de lo Penal Número 1 de Burgos ha decidido absolver a la empresa cántabra Codefer S.L. y a su propietario, Roberto Salido, del delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, del que venían siendo acusados por el relleno con casi 35.000 toneladas de áridos de siderurgia valorizados de una antigua cantera en la pedanía de Torres de Abajo. Así pues, el larguísimo caso penal iniciado por el Ayuntamiento del Valle de Valdebezana en 2014 con una denuncia ante la Fiscalía, a la que terminó sumándose como acusación particular, ha dado un primer paso, aunque su recorrido en los tribunales puede continuar si el Consistorio recurre la sentencia ante la Audiencia Provincial.
La jueza reitera en la sentencia que «ni existe constancia ni se ha acreditado por medios científicos objetivos que el riesgo haya sido grave para los sistemas naturales o la salud de las personas ni que se hayan podido producir riesgos sustanciales para la calidad de las aguas», por lo que considera que las posibles responsabilidades «deben depurarse en el ámbito administrativo y no el penal». Va más allá y señala que «no hay dato ni prueba alguna de que se haya producido o se pueda producir un riesgo potencial grave».
Así pues, su veredicto coincide con la tesis de la defensa de Roberto Salido, que en las conclusiones de la vista oral señaló como todo lo dicho en el juicio y la base de la acusación se sustentaban en «hipótesis, como podía contaminar, podría percolar... Pero no se ha probado nada. Todo son especulaciones, cuando se podría haber pedido un estudio hidrobiológico, estudios de toxicidad... que midiesen el riesgo».
La jueza considera probado que Codefer presentó en noviembre de 2012 un proyecto para restaurar el hueco minero del monte Orazas y Pendulares, propiedad de la junta vecinal de Torres de Abajo, a pocos kilómetros de Soncillo. En enero de 2013 comenzaron los trabajos y en febrero de 2013 obtuvieron autorización de ocupación, pero en septiembre de ese mismo año, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León la revocó.
También en 2013, la Confederación Hidrográfica del Ebro inició un expediente que acabó sancionando a Codefer con una multa de 1.000 euros, porque «los rellenos de la cantera presentan concentraciones variables de sustancias contaminantes, en concreto cromo, molibdeno, selenio y bario y concentraciones significativas de STD, fluoruros y fenol que podrían percolar en el suelo». El subsuelo de la vieja cantera conecta con el complejo kárstico de las cuevas de Piscarciano-Vacas-Arenas que descargan sus aguas en el río Trifón y existe un punto de abastecimiento de agua en la zona de descarga del acuífero. No obstante, los análisis de agua realizados mediante piezómetros por Codefer por orden de la CHE y que ésta ha ido vigilando no han detectado contaminación.
Asimismo, la empresa en respuesta a las medidas cautelares exigidas por el Juzgado Número 1 de Villarcayo ha retirado casi 35.000 toneladas de material, asegurando que es todo lo que se vertió. La sentencia insiste en que «lo determinante es si el material vertido en el hueco minero y en el camino cercano ha creado una situación de peligro grave para el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas o existencia o posibilidad de daños sustanciales para la calidad de las aguas».
Sin daños. Tras ello, concluye que «del contenido de los informes y de las conclusiones de los peritos puede deducirse que en esos dos años -de 2013 a 2015- no se produjo lixiviación y no se acreditó afección alguna al agua ni daños ni perjuicios a los sistemas naturales o para la salud de las personas». Además, añade que «desde el primer análisis de las escorias -en 2013- hasta los últimos en 2015 ningún dato efectivo grave o sustancial se ha acreditado ni tampoco se ha probado de forma clara y objetiva la gravedad del riesgo que genera la superación de los límites de concentración de metales en las escorias de la cantera». Los peritos «propusieron un seguimiento y, aunque existe riesgo de contamina- ción, no pueden valorarlo ni cuantificarlo». Tampoco «en ninguno de los informes se cataloga como grave el riesgo de que los lixiviados puedan infiltrarse», insiste la juez.
Ya en el juicio, el fiscal modificó sus conclusiones finales y redujo su petición de pena de 2 años a seis meses de prisión yla multas de 18.200 a 3.000 euros para Salido y de 73.000 a 21.000 euros para la empresa. Sin embargo, Ayuntamiento mantuvo una petición de dos años de prisión y multas por valor de 8.400 euros para el empresario y 3,6 millones, para Codefer S.L.