Aqualia, la compañía adjudicataria del contrato de mantenimiento, conservación y explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), ha presentado una reclamación de 2 millones de euros contra Aguas de Burgos por el encarecimiento en la gestión de la planta de Villalonquéjar y cuyo coste, a su juicio inesperado, entiende que debe de ser asumido por la empresa pública. El gigante del sector, perteneciente al Grupo FCC, ha comunicado no solo que no tiene interés por que se haga efectiva la prórroga del contrato más importante por volumen económico de cuantos gestiona la sociedad municipal, sino que ha advertido  también de su propósito de acudir a la vía judicial si no se le restituye el daño económico sufrido. Una amenaza que, de momento, se ha quedado en el amago.

El contrato de la gestión de la depuradora, el primero que se licitaba tras la ampliación de las instalaciones y tras una inversión que rozó los 57 millones de euros, arrancó en septiembre de 2017 y fue adjudicado a Aqualia por un importe anual de 2,1 millones (impuestos excluidos).

El problema se ha suscitado porque Aqualia defiende que los costes energéticos se han disparado. Entre otras cosas, por no haber podido utilizar un digestor secundario que abarate el centrifugado ya que se encuentra en este momento sin cubierta. A lo que se suma el de los reactivos que se utilizan para el proceso de depuración del agua, cuyo desembolso ha sido mucho más elevado de lo que se podía prever.

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