Sería lógico pensar que si se ha incluido un embarcadero en el área recreativa de la presa de cola de Castrovido se va a autorizar la navegación en esa zona. Pero nadie mejor que un político para saber que las administraciones públicas no siempre aplican la lógica del resto de los mortales a sus proyectos, quizás porque disparan con pólvora del rey.
Total, que a los senadores del Partido Popular Javier Lacalle y Cristina Ayala se les ocurrió preguntar si se permitirá que las embarcaciones puedan surcar las aguas embalsadas del Arlanza y los pescadores echar la caña en ellas, un potencial gran atractivo turístico para la zona. De hecho, aunque aún no se ha firmado el convenio entre la Confederación Hidrográfica del Duero y la Junta de Ledanías propietaria de los terrenos para ceder a esta la gestión del área recreativa, ya empieza a ser bastante frecuentada, sobre todo los fines de semana de buen tiempo por paseantes y familias que utilizan la zona de columpios.
Lejos de aclarar nada sobre los usos acuáticos del pantano, la respuesta facilitada por el Gobierno central contribuye a aumentar la confusión y el desconocimiento que vecinos y ayuntamientos del entorno tienen sobre la nueva fase en la que ha entrado la presa de Castrovido este año, una vez terminada la obra civil. Solo se sabe que el proceso de llenado en pruebas podría necesitar 2 años hidrológicos y prolongarse hasta 2023.
Será la Confederación Hidrográfica del Duero la que regule las condiciones de navegación. En la actualidad se tramita «un estudio para la clasificación de las zonas y de los tramos navegables en ríos, embalses, lagos, lagunas, y Canal de Castilla, de acuerdo con las posibilidades que presenten para la navegación a remo, vela y motor (eléctrico y de combustión)», explica la respuesta a los senadores, que «servirá de base para la revisión de las actuales condiciones y el establecimiento de nuevos requisitos que deban observarse en el ejercicio de la navegación, conforme a los cuales se valorará la compatibilidad de la actividad con la protección del dominio público hidráulico», regulado en un reglamento de ámbito nacional.
En ese texto, aprobado por un real decreto, se habilita a «fijar las zonas destinadas a navegación, fondeo y acceso a embarcaderos, que se balizarán adecuadamente, así como aquellas en las que se prohíba la navegación por peligro para los bañistas, peligrosidad de las aguas o proximidad de tomas de abastecimiento, azudes, presas u órganos de desagüe de las mismas», como es el caso de Castrovido. El Gobierno añade que las condiciones de navegación se podrán consultar «con la antelación suficiente para el ejercicio de la actividad» y la CHD exige presentar la declaración responsable con una antelación mínima de un mes, así que como no se agilice ese estudio, este verano habrá que buscar otras aguas para navegar.
Para pescar tendrán los senadores que preguntar a la Junta de Castilla y León, que tiene la competencia para « la regulación de dicha actividad». A ver si tienen más suerte.