La Diputación asumirá la tramitación y el cobro de las sanciones por el uso indebido de mascarillas en aquellos municipios de menos de mil habitantes que lo soliciten de manera expresa tras aprobar en sesión plenaria una propuesta presentada por el Grupo Socialista en este sentido. El Servicio de Recaudación, al igual que ocurre en la actualidad con la delegación del cobro de impuesto y tasas municipales, cobrará a los municipios un porcentaje o tasa de lo recaudado que oscilará, como en otros tributos, entre el 3 y el 5 por ciento por recibo, en este caso por sanción.

El viceportavoz socialista, Javier Lezcano, justificó la necesidad de poner en marcha este servicio haciendo referencia a la falta de personal en pequeños municipios para gestionar estas sanciones y por «el gran problema de convivencia que generan, ya que el que firma el boletín final de la denuncia es el alcalde», aseguró, a la vez que reconoció que desde la Diputación se habían dado pautas para seguir el procedimiento sancionador. 

El primer paso que tendrán que realizar ahora los ayuntamientos, a los que en los próximos días se comunicará la posibilidad de utilizar este nuevo servicio, es delegar en la Diputación la gestión y el cobro de las sanciones, «aunque es competencia de otras administraciones, en materia de Sanidad la Junta, que es la que delega en las entidades locales la competencia sancionadora sin que éstas la acepten, y del Gobierno de España que deja al albur de las autonomías la gestión sancionadora entendiendo la pandemia exclusivamente desde la parte sanitaria y no de orden público», aseguró el portavoz del PP, Borja Suárez, tras expresar el apoyo de su grupo a la propuesta socialista.

También el portavoz de Ciudadanos, Eduardo Munguía, se mostró favorable a la propuesta socialista, apuntando que la Junta, en su decreto, ya deja abierta la puerta a que las diputaciones presten asesoría jurídica a los municipios que lo soliciten para tramitar estas multas por mal uso de las mascarillas.

No opinó lo mismo el portavoz de Vox, Nicasio Gómez, que se mostró partidario de que sea la Subdelgación del Gobierno, como ocurre con otras sanciones, la que las tramite y se abstuvo en la votación, La que sí apoyo la propuesta de sus ex compañeros fue la diputada no adscrita Mar Alcalde, que tenía claro que el objetivo «es que el malo de la película sea el presidente de la Diputación en vez del alcalde».

Entre el 8 de julio de 2019 y el 19 de enero de este año, según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno, se han registrado 956 sanciones en la provincia en municipios de menos de 20.000 habitantes, unas 600 de ellas en pueblos de menos de mil vecinos, «una cifra cuya gestión es asumible por los servicios de la Diputación», aseguró el portavoz del PP, Borja Suárez.