La rehabilitación del Hospital de la Concepción va para largo, para muy largo. El ritmo al que ‘avanza’ la tramitación en el Ministerio de Cultura para sacar adelante el proyecto dista mucho del que se precisa para que las obras comiencen en un corto espacio de tiempo. Más bien al contrario, a juzgar por los plazos que maneja el Gobierno central y que ha facilitado a los senadores del PP Javier Lacalle y Cristina Ayala. Las máquinas no iniciarán los trabajos hasta bien entrado el año 2023, pues el Ejecutivo reconoce que una vez licitada la redacción del proyecto, tardará «entre 6 y 7 meses en adjudicarse». A ello habrá que sumar otro «medio año para la entrega y supervisión» del mismo, y ocho meses más como mínimo para licitar los trabajos y adjudicarlos.
Así que la Universidad de Burgos tardará más de lo previsto en disponer del edificio histórico para fines académicos y el Archivo Histórico Provincial tardará en estrenar nueva sede. El Ministerio de Cultura trata de eludir responsabilidades en su tramitación del expediente, afirma que «la realidad es que los compromisos en ningún momento se han incumplido» y asegura que el «supuesto retraso» ha sido por «los plazos legales de tramitación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la aprobación del estudio de detalle», con lo que echa la culpa al Ayuntamiento. De hecho, recuerda que el Consistorio no dio luz verde a ambas cuestiones hasta abril y agosto de 2020 respectivamente.
En su contestación a la pregunta de los senadores populares, saca a colación el punto 2 del protocolo de colaboración entre el Ministerio de Educación, la Junta, el Ayuntamiento de Burgos y la Universidad de Burgos (UBU) para la rehabilitación del antiguo Hospital de la Concepción. En él la UBU se comprometía a ceder el uso de espacios del edificio para el Archivo Histórico Provincial y afirma que «este requisito es imprescindible y previo al inicio de las inversiones y, específicamente, a la licitación de la redacción del proyecto». Con tal afirmación parece que está afeando a la institución académica que todavía no haya dado ese paso. Pero es que unas líneas más abajo, en la misma respuesta, indica que «en los próximos días se elevará solicitud a la UBU para iniciar dicha cesión», porque «se está en proceso de definir con exactitud las condiciones y extensión del derecho de uso a favor del Estado».
Es cierto, la Universidad y el Ministerio de Cultura deberán firmar un convenio de cesión de uso del edificio, un trámite que se contempló desde el inicio de las negociaciones. Pero es que el borrador está redactado y solo falta que las partes lo firmen cuando lo deseen, según explicó la vicerrectora de Campus y Sostenibilidad, Amparo Bernal. «Está hablado desde el principio cuando se firmó el convenio y, cuando llegue el momento, antes de iniciar la inversión por parte del Ministerio la UBU, realizará la cesión. No supone ninguna piedra en el camino ni un trámite que lleve tiempo. Es una firma ante notario», apuntó.
De este modo, la pelota está en el tejado del Ministerio de Cultura, que es el que debe sacar el proyecto de ejecución a concurso, y la Universidad poco puede hacer en este momento de la tramitación. «Mientras se adjudica la redacción y se redactar el proyecto hay tiempo de materializar la cesión», explicó la vicerrectora.
En todo caso, el Gobierno central muestra su contrariedad por el hecho de que el 5 de noviembre del año pasado el Ayuntamiento informara desfavorablemente sobre el proyecto básico que sirvió de base del estudio de detalle y de la solicitud de la licencia. «Inesperadamente se apreció un desajuste en la geometría de la parcela que obliga a replantear parte del mismo», señala, para añadir que «este contratiempo conlleva la necesidad de incluir en los pliegos de licitación del proyecto de ejecución la modificación del proyecto básico». En este punto, Javier Lacalle explica que ese proyecto básico al que alude Cultura «es un trabajo que realiza un técnico del Ministerio, sin medios, que lo que habría que haber hecho es avanzar en la licitación de la redacción de ambos proyectos y, una vez hechos, solicitar licencia». El senador, asimismo, critica la «poca agilidad» que está mostrando el Ejecutivo central en la rehabilitación del Hospital de la Concepción, «en la cual hubo que invertir mucho esfuerzo para poner de acuerdo a las partes».
El coste de la licitación de los proyectos básico (éste ya sí, el bueno) y el de ejecución, así como la dirección facultativa y la dirección de seguridad y salud, tendrá un importe de 1,57 millones de euros, de los que 800.000 corresponderán a la redacción de los proyectos, maquetas e infografías.
El plazo medio para la adjudicación, admite Cultura, es de 6 a 7 meses. Después, hasta la entrega del básico, transcurrirán tres meses, momento en el que se volverá a solicitar licencia y autorizaciones patrimoniales. Una vez obtenidas se procederá a la redacción del proyecto de ejecución. A ello habrá que sumar al menos 8 meses más entre licitar y adjudicar obras, que no empezarán hasta bien avanzado el año 2023, siempre y cuando no surja ningún otro imprevisto.