Durante muchos siglos la agricultura apenas experimentó cambios. Año tras año los ciclos se repetían y los labradores llevaban a cabo sus tareas de la misma manera. Siempre buscando mejorar los rendimientos de la tierra, pero con pocas posibilidades de conseguirlo por la ausencia de herramientas y técnicas adecuadas para ello. Sin embargo, en las últimas décadas los cambios se vienen sucediendo a una velocidad cada vez mayor y las producciones de los diferentes cultivos han experimentado unos incrementos muy significativos (y seguirán haciéndolo).
Entre 1950 y 1990 la humanidad duplicó su producción agroalimentaria. Y no quedaba más remedio porque, en el mismo periodo, la población mundial hizo lo propio y pasó de menos de 3.000 millones de habitantes a unos 5.000 mientras que la superficie de cultivo apenas se incrementó un 10%. Se necesitaba obtener mucha más comida de una extensión de tierra solo levemente superior, es decir, el suelo tenía que producir más y eso solo podía hacerse introduciendo mejoras en las plantaciones. Y estos avances van a tener que seguir llevándose a cabo porque, según la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE), la superficie disponible para cultivar por persona será en 2050 menos de la mitad que la que había en 1960, pasando de 0,45 hectáreas a menos de 0,2.
Los avances científicos y tecnológicos están detrás de estas mejoras, como lo han estado en casi cada paso adelante que ha dado el ser humano. El agricultor dispone hoy en día de una maquinaria que nadie habría soñado hace medio siglo que, aparte de facilitar el trabajo, permite realizar las labores de manera más eficiente. En el ámbito de los fertilizantes y los productos fitosanitarios la evolución también es patente: estas sustancias son cada día más eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Pero aparte de la manera de trabajar el suelo y de los productos disponibles para hacer que ese trabajo rinda más hay otro factor que quizá sea el más importante de todos: las semillas.
Garantía de futuroEs clave que las variedades que se cultiven estén cada vez más adaptadas al medio en que se van a desarrollar y puedan producir más para satisfacer una demanda que no para de crecer. Y ahí es donde entran los llamados obtentores: empresas e instituciones que dedican su tiempo a buscar nuevos tipos de semillas más productivas, más resistentes a plagas, enfermedades y sequías, más adaptadas a su medio y con mejores cualidades organolépticas. Según la FAO, la mitad del aumento en la producción agrícola que se registró a nivel mundial entre 1950 y 1990 es fruto de la investigación en la mejora de variedades vegetales, siendo el factor que más ha condicionado la evolución de los incrementos en los rendimientos agrarios.
Pero la obtención de nuevas variedades no es sencilla. Esta industria tiene que afrontar retos y cada nuevo tipo de semilla lleva detrás años de trabajo y mucha inversión (el coste medio es de entre uno y 1,5 millones de euros y el periodo para conseguirlo ronda los diez años de investigación). La agricultura está sujeta a dos variables impredecibles, la temperatura y las precipitaciones, y las nuevas semillas de trigo o de cebada tienen que estar preparadas. Para que una nueva variedad sea certificada tiene que presentar ciertas características: ser diferente a las ya existentes, estable, homogénea y ha de tener capacidad de adaptación al medio en el que va a crecer. Pero el desarrollo de estas nuevas variedades solo es posible con una inversión continua en programas de investigación. Actualmente en España las empresas obtentoras cuentan con unos 35 centros de I+D dedicados a este fin.
Para el agricultor, el uso de estas semillas certificadas resulta el medio de aumento de la producción más económico. Además, en España solo se pueden utilizar semillas de este tipo o, en su defecto, resembrar grano de la cosecha obtenida con ellas (grano acondicionado). Solo algunos almacenistas están autorizados a multiplicar (por sí mismos o a través de contratos con agricultores) y vender semillas para la siembra.
Garantía de futuroEn nuestro país se sembraron en la temporada 2020/21 5,5 millones de hectáreas de cereal de invierno (avena, cebada, trigo, centeno, triticale). Se estima que el 75% de las semillas que se emplean en esos cultivos son legales: el 41% corresponde a semilla certificada y el 34% a grano reempleado, procedente de las propias explotaciones de los agricultores. El 25% restante es de origen desconocido, en muchos casos clandestino, y sin ninguna clase de control, según explican desde Geslive (Gestión de Licencias Vegetales, dependiente de ANOVE).
Estos datos ponen de manifiesto que los agricultores cerealistas prefieren cada vez más emplear semillas respetando la normativa legal establecida: por una parte, la compra de semilla certificada ha crecido 7 puntos con respecto a la campaña 2018/2019; por otra, el reempleo de grano se ha incrementado 2 puntos. Los agricultores cerealistas optan cada vez menos por emplear semilla de origen desconocido; su uso -en muchos casos ilegal- se ha reducido en 9 puntos, pasando del 34% a un 25%. La Rioja y Navarra son las comunidades donde el uso de semillas legales está más extendido (97% y 88% respectivamente). Castilla-La Mancha y Castilla y León presentan aún cifras significativamente más bajas (69% y 72% respectivamente), aunque el uso de la semilla legal va creciendo cada año.
Semillas ilegales.
La reproducción o la compraventa de semillas y plantas ilegales es una amenaza para la investigación y compromete el futuro de la agricultura; va, en definitiva, en contra de los propios profesionales del campo, advierten desde Geslive. El fraude tiene graves consecuencias no solo para los obtentores de nuevas variedades vegetales, a los que se están causando pérdidas multimillonarias cada año, sino también para todo el sector, pues se lesiona la imagen de nuestra agricultura en los mercados exteriores y supone una competencia desleal para la mayor parte de los productores que se esfuerzan responsablemente por respetar la ley.
José Rodríguez es un agricultor vallisoletano con muchos años de experiencia que dice no recordar desde cuándo usa semilla certificada. «Desde siempre. En el pueblo no creo que haya ningún agricultor que no lo haga; puede haber alguna excepción, pero yo no la conozco». Al preguntarle sobre los beneficios que reporta usar estas semillas, responde sin dudar: «Sanidad y producción». Es decir, los rendimientos son mayores y presentan una mayor resistencia al ataque por hongos y otras enfermedades.
Eso sí, lógicamente, esos beneficios hay que pagarlos, aunque esos pagos, según expone Geslive, son más bien una inversión. La semilla certificada es más cara que la que no está sometida a ningún control, pero esa diferencia de precio es la permite a las empresas obtentoras seguir investigando para desarrollar nuevas variedades más adaptadas que seguirán ofreciendo beneficios al agricultor. De hecho, el comercio fuera del sistema de certificación se considera ilegal.
Por eso, y tras la modificación efectuada en el Código Penal, por la Ley 1/2015 de fecha 30 de marzo, la explotación no autorizada de variedades vegetales protegidas, incluidas las operaciones de acondicionamiento de grano para siembra no ajustadas a la normativa vigente, constituye un delito castigado hasta con tres años de prisión. Y hay sentencias condenatorias (9 en año y medio) que dejan claro que saltarse las normas no es rentable, pues acarrean penas de prisión, pago de indemnizaciones e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo.
José Rodríguez no se muestra muy partidario de estas sentencias. Le parece más adecuado educar en vez de sancionar, pero admite que a veces a las personas «nos cuesta aprender». Para esa labor de educación, Geslive ha firmado un convenio con UPA, ASAJA y Cooperativas Agro-Alimentarias a nivel nacional, de manera que estas organizaciones agrarias se encargan de explicar a sus asociados la normativa vigente y de mostrarles los beneficios del uso de la semilla certificada, tanto para ellos en el presente como para la agricultura del futuro.
Y es que la utilización de material vegetal producido clandestinamente puede dar resultados deficientes y acarrear serios perjuicios económicos a los agricultores. Estos problemas se evitan empleando material legal, pues con él se garantizan altos niveles de germinación y uniformidad.
Asimismo, la ausencia de controles sanitarios puede favorecer la transmisión de enfermedades, riesgo que, sin embargo, no existe cuando se emplean semillas certificadas y plantas legales. Desde Geslive se apunta que «para sostener los programas de mejora y el desarrollo de variedades es vital proteger los resultados de los trabajos de los obtentores y respetar sus derechos de propiedad industrial. Esta es la única forma para que se mantenga un sector agrícola fuerte y competitivo». Porque cuando se utilizan semillas de origen desconocido la calidad del grano merma y eso hace que, en el comercio exterior, el producto español pierda posiciones respecto al de otros países en los que el uso de semilla certificada está generalizado. Es decir, los agricultores que se saltan las normas están perjudicando a todos los profesionales del sector.
Lo que es innegable es que la mejora de las variedades de cereal es beneficiosa para el agricultor que siembra hoy y también para los que sembrarán mañana. Luis Fuentes, técnico de Geslive, lamenta que en España todavía no se vea como algo lógico. «En otros países como Francia son los propios profesionales del campo los que quieren apoyar a las industria obtentora porque saben que es una inversión de futuro».