Era un rumor recurrente a lo largo de los últimos años y hace unos días el Gobierno lo ha concretado. Acaba de abrir la puerta de par en par a la posibilidad de que todas las carreteras de alta capacidad del país se conviertan en vías de pago. Falta por saber cuándo, cómo y para qué usuarios.

El pasado martes el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para ser remitido a Bruselas y que servirá para la aplicación práctica de los 140.000 millones de fondos europeos, largamente prometidos y todavía no concretados.

Dentro de ese Plan, España no solo reclama sus derechos, sino que reconoce también unas obligaciones de saneamiento de sus cuentas, y entre ellas está la factura de la conservación de carreteras. Es ahí donde entra en juego la posibilidad de introducir peajes en toda la red de autovías, pues en el año 2019 (el último dato conocido) el déficit del mantenimiento de la red viaria ascendía a 7.500 millones de euros.

La amenaza de convertir en trayectos de pago las autovías afecta directamente a unos 300 kilómetros en la provincia de Burgos. Es la suma de la A-1, la AP-1 (gratuita solo desde finales de 2018, cuando finalizó la última concesión), la A-231 y el pequeño tramo existente de la A-73.

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