El volumen de quejas recibidas por el Procurador del Común tocó techo el pasado año con un repunte del 67 por ciento y más de 6.500 reclamaciones presentadas, la cifra más alta de su historia. La mayoría, seis de cada diez, llegaron del ámbito sanitario, que igualmente experimento un avance en las quejas del 60 por ciento, hasta superar las 4.190. Así lo detalló el procurador del Común de Castilla León, Tomás Quintana, durante la presentación en las Cortes del informe de la institución correspondiente a 2018, en las que figuran un total de 6.500 frente a las 3.888 del ejercicio de 2017. Este sensible incremento se produjo por la masiva llegada la pasada Navidad de casi 3.900 quejas, un 60 por ciento de todas las contabilizadas, provenientes de anomalías en el funcionamiento del servicio oncológico de Zamora. Quintana precisó que la recepción de tan alto número de quejas supuso «un gran esfuerzo» para la institución propia de las Cortes «a la hora darles forma» y al faltar datos que luego hubo que requerir, además de hacer un tratamiento de protección de estos. «Todo lleva un tiempo antes de llevarlas a la Administración autonómica que es la competente y que nos ha contestado hace pocas semanas», señaló.
Sobre la naturaleza del problema que causó un número tan elevado de quejas en Zamora en torno a su servicio oncológico, el procurador del Común dijo que se debió a asuntos relativos a falta de personas para atender a los pacientes de forma correcta. «Hubo ausencias en los puestos de trabajo y, aunque todavía debemos determinar la causa, puede deberse a las bajas por enfermedad o vacaciones que hacen que el usuario de ese servicio vea que no funciona como debiera», arguyó.
Entre los asuntos más relevantes analizados por el defensor de los ciudadanos de la Comunidad en las quejas recibidas figuran la necesidad de aumento de plantillas en sanidad y listas de espera; el proceso selectivo de personal público con pruebas luego repetidas; reconocimiento de condiciones laborales para todo el personal que presta sus servicios para el Servicio Regional de Salud; y deficiencias en las prestación de servicios públicos), según informa Ical.
La mayoría, a título personal
Sobre la distribución de las quejas por autor, a título individual hubo 6.158 (95%); colectivo con 244 (cuatro por ciento); varios firmantes con 94 (1%); y anónimas con cuatro. Por distribución y administración afectada 5.340 fueron para la autonómica (82%); 967 para la administración local (15%); 160 para la administración central (dos por ciento), 20 de asuntos de naturaleza privada; y diez de justicia. En cuanto a las resoluciones dictadas por el Procurador del Común, en 2018 se registraron 980, de la cuales 347 fueron motivadas de archivo por inexistencia de irregularidad; y 633 en la que se formulaba a la administración u organismo público competente recomendación, recordatorio de deberes legales o sugerencias.
Sobre la respuesta de las administraciones en este sentido, a fecha de 31 de diciembre del pasado año fue de 423, unas 210 están pendientes de ser contestadas aunque lo pueden haber sido en el inicio de 2019, y en 19 casos se archivó el expediente por falta de respuesta finalizado el plazo.
Por otro lado, entre las 79 actuaciones de oficio que se sumaron a las quejas destacan las referentes a los bienes y servicios municipales. Así, se abrieron 68 actuaciones de oficio para conocer por qué las entidades locales menores de Zamora, León y Soria se estaban dando de baja en el control sanitario de agua de consumo humano y la situación se recondujo.
Temática
Por áreas, la mayor parte de las quejas tiene relación con la sanidad y consumo (4.192, con un 64%), seguidas de las de función pública (812) y régimen jurídico de las corporaciones locales (405). Por detrás, figuran las quejas sobre fomento (189); educación (172); familia e igualdad (163); industria, empleo y seguridad social (103); hacienda (103); interior, extranjería y emigración (92); justicia (36); agricultura y ganadería (34); y cultura, turismo y deportes (23).