El recurso al impuesto de Garoña frena el plan alternativo

A.C.
-

La alcaldesa del Valle de Tobalina admite que la posible inconstitucionalidad del gravamen «es un escalón más frente a nuestro desarrollo» y que ninguna administración ha aportado dinero

El recurso al impuesto de Garoña frena el plan alternativo - Foto: Ana Castellanos DB

La decisión del último Consejo de Ministros de interponer un recurso de inconstitucionalidad al impuesto de la Junta de Castilla y León que está gravando la afección medioambiental del combustible irradiado -residuos nucleares de alta actividad- almacenado en Santa María de Garoña va a suponer un nuevo freno a la ya de por sí parada Estrategia de Dinamización del entorno de Garoña que pretende paliar los efectos de su cierre hace ahora dos años. Con el impuesto se podrán ingresar 15 millones anuales y  la Administración regional ya ha recaudado 9,1 millones correspondientes a las últimas semanas de 2018 y los dos primeros trimestres de 2019, al acogerse Nuclenor al pago fraccionado. Este dinero debía de destinarse a «la financiación de los programas de gasto de inversión en las zonas de influencia de las centrales nucleares de Castilla y León», es decir, al entorno de Garoña, según indica el texto legal, pero ni un céntimo ha llegado todavía a la comarca, como admite la alcaldesa del Valle de Tobalina, Raquel González.
La regidora considera que este recurso, que aún habrá de resolver el Tribunal Constitucional (TC), «es para nosotros un escalón u obstáculo más a nuestro desarrollo». La también presidenta de la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (Amac) admite que aún no se ha tratado en Amac la decisión del Consejo de Ministros, pero mantiene que la intención es «retomar en septiembre una ronda de contactos con todas las administraciones regionales y nacionales», a las que se volverá a insistir en la necesidad de dotar de fondos a las 22 medidas de desarrollo socioeconómico que se incluyen en el documento que elaboraron los 14 municipios del área más cercana a Garoña con el apoyo de Sodebur y grupos de acción local. «Buscamos un compromiso de inversiones y líneas de financiación de los proyectos de desarrollo», indica González, quien espera que la Junta mantenga su compromiso de «ayudarnos en la adquisición de una embarcación para navegar por Sobrón».
En noviembre, el Consejo de Gobierno de Castilla y León acordó colaborar con esta estrategia y cuando en enero se presentó en Quintana Martín-Galíndez ante la entonces consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ésta aseguró que, «si se declara inconstitucional el impuesto seguirá habiendo apoyo de la Junta, quizás no en la misma medida». Siete meses después nada se ha concretado.
desde el psoe. Desde las filas del PSOE ya advirtieron de la inconstitucionalidad del gravamen y el lunes la diputada socialista Esther Peña señalaba como el traslado al TC del impuesto «da la razón al PSOE». Peña recordó como ya se denunció que la decisión del Gobierno regional «era sacarse de la manga un impuesto a la no actividad, algo inédito y especialmente grave cuando había dado la espalda a gravar la actividad económica de la planta nuclear cuando estaba operativa».

 

AYUDAS

El Ministerio del Interior hizo pública el marts un año más la línea de ayuda destinada a mejorar las dotaciones de los municipios de las áreas nucleares del país tanto en medios como en infraestructuras pertenecientes a los planes de emergencia nuclear. En total, el Gobierno repartirá 409.350 euros entre los municipios de las siete áreas nucleares, aunque solo podrán optar a las ayudas los de la Zona I, ubicados en el radio de diez kilómetros alrededor de Garoña, los que cuentan con estaciones de clasificación y descontaminación, como Medina de Pomar, Briviesca, Busto de Bureba y Miranda de Ebro, así como los que cuentan con áreas de recepción social, entre los que se cuenta también Trespaderne.
Las ayudas, como viene sucediendo desde años, no superarán los 60.000 euros IVA incluido, en el caso de los contratos de obra, que habitual- mente se dirigen a mejorar los accesos a las poblaciones, o los 21.500 euros con IVA, en el caso de que se opte por compra de vehículos de Protección Civil u otras dotaciones.